El Congreso salvadoreño aprobó el domingo la 34ta prórroga al régimen de excepción vigente desde 2022, una de las políticas de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
El gabinete de Seguridad del gobierno de Bukele —que informó que, desde que entró en vigor la medida, han capturado a más de 83.900 presuntos pandilleros o colaboradores de estos grupos criminales— sostuvo que es necesaria su continuidad debido a la “existencia de grupos terroristas, que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
El estado de excepción regirá otros 30 días, hasta el 4 de febrero, dada la última aprobación con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas de Bukele. Los tres legisladores de oposición nuevamente negaron sus votos para la aprobación: los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron, y la diputada del partido VAMOS votó en contra.
En 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, y a cualquier otra pandilla u organización criminal —y a quienes las apoyen o financien— por atentar contra la vida, seguridad e integridad de la población y de las autoridades civiles y militares.