Entró en vigencia el domingo la más dura ley de control de armas en Connecticut desde la aprobada en 2013 tras la masacre de Sandy Hook, y los activistas juran seguir presionando por más leyes a pesar de desafíos legales en otras partes del país.
La nueva ley, firmada por el gobernador demócrata Ned Lamont en junio, prohíbe el porte abierto de armas de fuego y la venta de más de tres armas a una misma persona en un lapso de 30 días, con excepciones a instructores de tiro y otros.
“No descansaremos y no podemos parar ahora, y seguiremos aprobando leyes para salvar vidas hasta que eliminemos la violencia armada en Connecticut. Nuestras vidas dependen de ello”, dijo Jeremy Stein, director ejecutivo de Connecticut Against Gun Violence.
Inmediatamente después de su aprobación, la fue impugnada en los tribunales por partidarios de la tenencia de armas. También ha sido impugnada la ley de 2013, aprobada tras la masacre que terminó con las vidas de 26 personas en una escuela primaria de Newtown.
Además de Connecticut, que tiene algunas de las leyes de tenencia de armas más estrictas del país, otros estados de tendencia liberal – como California, Washington, Colorado y Maryland – también han aprobado leyes al respecto, pero esas leyes también han sido impugnadas en los tribunales. Las leyes fueron aprobadas luego que la Corte Suprema del país expandió los derechos de tener armas el año pasado.
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la semana pasada más de una veintena de leyes, incluyendo unas que prohiben el porte abierto de armas en la mayoría de los lugares públicos y unas que duplican los impuestos a las ventas de pistolas y municiones. El gobernador reconoció que algunas leyes podrían no sobrevivir los desafíos legales. La semana pasada, un juez federal anuló una ley de California que prohibía los fusiles con cargadores que lleven más de 10 proyectiles.
“Sentimos profundamente que estas leyes sí cumplen (con los nuevos estándares), y que fueron redactadas tomando eso en cuenta”, declaró Newsom, “pero no soy ingenuo en cuanto a la irresponsabilidad de los tribunales federales y su agenda ideológica”.
