Una corte de apelaciones falló el viernes que la administración de Donald Trump puede comenzar a deportar a unos 430,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocido por las siglas CHNV, que entraron a EE.UU. bajo el permiso humanitario de Biden, según un comunicado del Justice Action Center.
El 12 de septiembre de 2025, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito dictaminó que la terminación anticipada de la libertad condicional CHNV por parte de la administración, que despojó inmediatamente a cientos de miles de beneficiarios de la libertad condicional CHNV de su estatus legal y autorización de trabajo, probablemente fue legal, según un resumen del caso Svitlana Doe vs Noem que mantiene el Justice Action Center, uno de los demandantes.
Este fallo afecta la legalidad de la libertad condicional y la autorización de trabajo de casi medio millón de beneficiarios de la libertad condicional humanitaria “CHNV” de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
“Reconocemos los riesgos de daño irreparable expuestos de forma convincente en la orden del tribunal de distrito: las personas en libertad condicional que llegaron legalmente a este país se vieron repentinamente obligadas a elegir entre salir en menos de un mes —una decisión que potencialmente incluye ser separadas de sus familias, comunidades y empleos legales— y regresar a los peligros de sus países de origen”, escribieron los tres jueces del panel. “Sin embargo, a falta de una sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo, el riesgo de tales daños irreparables no puede, por sí solo, justificar una suspensión”.
Aunque el fallo se refiere específicamente a la libertad condicional humanitaria CHNV, tiene implicaciones significativas para los demás programas de libertad condicional humanitaria en cuestión en el litigio de Svitlana, como “Unidos por Ucrania” y la Operación “Aliados Bienvenida”, lo que pone en peligro la legalidad de cientos de miles de personas que actualmente viven y trabajan en EE.UU., destacó Justice Action Center en el comunicado.
La demanda fue presentada por 18 personas, además de la organización demandante, Haitian Bridge Alliance. Están representados por Justice Action Center y Human Rights First.
La administración Trump anunció en mayo que revocaría el estatus legal de cientos de miles de migrantes latinoamericanos y haitianos acogidos en Estados Unidos bajo el programa migratorio de la era Biden y que serían deportados, si no se inscribían para autodeportarse.
El CHNV fue creado por el gobierno del presidente Joe Biden como una vía legal de llegada a EE.UU., a través de la cual los inmigrantes debieron tener un patrocinador en el país y aprobar la revisión de seguridad del DHS, antes de recibir autorización para viajar.
Este es el primer fallo en el caso de Svitlana Does vs Noem desde la decisión de la Corte Suprema de julio, en respuesta a una petición “de emergencia” de la Administración Trump, en la cual los jueces permitieron avanzar con la cancelación del CHNV, pero dejaron abierta la decisión al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts.
La decisión de la Corte de Apelaciones podría llevar el caso nuevamente a la Corte Suprema.
Karen Tumlin, fundadora y directora del Centro de Acción por la Justicia, declaró: “El fallo de hoy representa una amenaza urgente y grave para todos los que creemos en el debido proceso y la igualdad de protección ante la ley, y tiene consecuencias inmediatas para cientos de miles de beneficiarios de libertad condicional humanitaria, sus patrocinadores estadounidenses y las comunidades de todo el país que se han beneficiado enormemente de sus contribuciones”.
“Nuestra lucha no puede, ni terminará, aquí. Ya hemos regresado al tribunal de distrito para solicitar un fallo definitivo en este caso que declare ilegal esta terminación prematura”, aseguró Tumlin.
“Este fallo es un golpe devastador para cientos de miles de inmigrantes legales y sus patrocinadores en Estados Unidos que los acogieron en sus hogares y comunidades, pero este no es el final de nuestra lucha legal”, afirmó Anwen Hughes, directora legal de Human Rights First.
