Un tribunal federal en Washington, D.C., rechazó el martes una solicitud de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para impedir temporalmente que las autoridades fiscales compartan ciertos datos de contribuyentes que podrían facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones federal para el Circuito del Distrito de Columbia se negó a emitir una orden judicial preliminar para el Centro de Trabajadores Unidos y otras organizaciones sin fines de lucro que demandan al gobierno federal por el acuerdo de intercambio de datos firmado en abril pasado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El acuerdo permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presente al Servicio Interno de Impuestos (IRS) nombres y direcciones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización para cotejarlos con registros fiscales.

Al rechazar la solicitud de una orden judicial preliminar, el juez Harry T. Edwards escribió que es “poco probable que” los grupos sin fines de lucro “tengan éxito en el fondo de su aseveración”, ya que la información que las agencias están compartiendo no está cubierta por la ley de privacidad del IRS.