Una corte federal de apelaciones decidió el viernes revisar nuevamente el caso Ramos v. Mayorkas, una revisión que podría decidir finalmente el destino de más de 300,000 inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), anulando un fallo que había permitido al gobierno revocar su estatus legal migratorio.
A través de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018 respecto a una medida de la Administración Trump que decidió terminar el TPS para ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones eran ilegales y motivadas por intenciones racistas.
Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la orden del tribunal inferior. Además, después de 16 meses de negociaciones, las conversaciones de conciliación entre la administración de Biden y los demandantes en Ramos v. Mayorkas colapsaron oficialmente el 25 de octubre de 2022. Esto dejó a más de 300,000 titulares de TPS en riesgo de deportación y a sus hijos en riesgo de separación familiar.
Los demandantes pidieron entonces a la corte federal que se realizara una nueva audiencia para revisar el caso con el pleno de los jueces de la corte. Esa solicitud de los demandantes ante el Noveno Circuito en pleno fue aceptada el viernes.
Por qué es importante que se revise Ramos vs. Mayorkas
La querella presentada en la demanda Ramos v. Mayorkas incluye a 14 demandantes que representan a titulares de TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, así como a sus hijos ciudadanos estadounidenses y luego se sumaron titulares de Nepal y Honduras.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California anuló un fallo de 2020 emitido por un panel de tres jueces que había permitido que la administración Trump terminara el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de inmigrantes de El Salvador, Haití , Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán.
Concediendo una solicitud de los abogados que representan a los inmigrantes inscritos en los programas de TPS, la corte de apelaciones dijo que escucharía el caso una vez más, esta vez “en pleno”, o con la participación de todos los jueces activos.
Aunque desde entonces la administración Biden ha redesignado el estatus de Haití y Sudán, la Administración no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países.
“Durante cinco años, mi familia ha enfrentado una montaña rusa de emociones, desde el miedo a los despidos hasta la euforia por estas victorias judiciales”, dijo la demandante Cristina Morales, titular de TPS durante más de 20 años y líder en la Alianza Nacional de TPS. “Hacemos un llamado a la administración Biden para que regrese a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo”, en un comunicado de prensa de ACLU del sur de California.
