La Corte Suprema determinó que los inmigrantes con órdenes de deportación deben presentar una apelación máximo 30 días después de la “orden final de revisión administrativa”.
La opinión escrita por el juez Samuel Alito recibió 5 votos contra 4, tras la revisión del caso del jamaiquino Pierre Riley, quien buscaba impugnar su posible deportación por temor a persecución en su país de origen, pero los jueces consideraron que presentó su impugnación mucho después de la fecha límite.
El caso de Riley tenía como argumento adicional los derechos bajo la Convención contra la Tortura, pero el juez Alito expuso sobre los tiempos de apelación, a diferencia de la jueza Sonia Sontomayor –quien escribió el disentimiento– al abordar la Convención contra la Tortura.
“¿Su petición debía presentarse 30 días después de que el gobierno le notificara inicialmente su deportación, mucho más de un año antes de que la [Junta de Inmigración] emitiera la orden que Riley buscaba impugnar? ¿O debía presentarse 30 días después de la orden que denegaba su solicitud de aplazamiento de deportación?”, expuso Sotomayor. “La respuesta es clara: no se debería exigir apelar una orden antes de que exista”.
La posición de Sotomayor estuvo respaldada por las juezas Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, además de un argumento complementario de Neil Gorsuch, quien discrepó de la opinión de Alito y afirmó que se estaba creando, de forma “incomprensible”, una norma de revisión judicial incoherente.
El caso llegó a la Corte Suprema luego de una decisión en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, a donde retorna el caso, pero no significa la deportación de Riley, ya que solamente marca los tiempos de apelaciones.
“Consideramos que una orden de la Junta de Asesoría de Inmigración (BIA) en un procedimiento de solo retención no constituye una ‘orden definitiva de expulsión’ y, por lo tanto, el plazo de 30 días no puede cumplirse presentando una solicitud de revisión dentro de los 30 días posteriores a la orden de solo retención de la BIA”, escribió Alito.
¿Quién es Riley?
Riley ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en 1995, pero luego se unió a un grupo de narcotraficantes y fue condenado en 2008 por conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir más de 1,000 kilogramos de marihuana, así como por posesión de un arma de fuego.
El jaimaquino fue sentenciado a 25 años de prisión, pero en 2021, un juez federal ordenó su libertad condicional debido a la diabetes tipo 2 que padece y al mayor riesgo que la pandemia de COVID-19.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió deportar a Riley debido a su condena, la cual él impugnó, argumentando que enfrentaría persecución si regresaba a Jamaica, apegándose a la Convención contra la Tortura. El juez en su caso aceptó el argumento.
Sin embargo, el DHS impugnó la decisión ante la Junta de Inmigración (BIA), la cual dio a Riley 30 días para apelar, así que se solicitó al Cuarto Circuito la suspensión de su proceso de deportación, donde se determinó que carecía de jurisdicción para conocer la apelación y que el plazo de 30 días ya había vencido.
