La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló el viernes que 23 niños y adolescentes han sido vinculados a grupos violentos. Esta cifra implica que el reclutamiento de niños aumentó un 53% en el primer trimestre de este 2023, con respecto al mismo periodo del año pasado.
El dato se conoce por una carta que le envió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, a la Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Niños y el Conflicto Armado, Virginia Gamba, a propósito de la conmemoración del Día del Niño.
De acuerdo con el documento, en los tres primeros meses de este 2023, 13 niños y 10 niñas que tienen edades entre los 13 y los 17 años, salieron de sus hogares para integrar las filas de los actores violentos. En el mismo periodo del año pasado se habían identificado 15 casos.
En este 2023, el departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, es la región donde más se han registrado casos con un total de 14. Le siguen los departamentos de Amazonas (en la frontera con Brasil) con cuatro jóvenes reclutados, dos en Antioquia (centro occidente) y uno en Arauca (frontera con Venezuela).
En la carta, el defensor Camargo alerta del “alto riesgo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes de ser reclutados, usados y utilizados por los actores violentos”. Añade que “es una preocupante situación que seguimos evidenciando y que debe tomar relevancia en el ámbito internacional”, pues representa una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con el organismo humanitario, las comunidades étnicas y aquellas que viven en zonas rurales apartadas son las más afectadas. En esos lugares, “la presencia institucional es escasa”, expresa la misiva. Por eso pidió que se aumente la oferta social y educativa en esos territorios, pues considera que es la forma de evitar que los niños y jóvenes terminen en la guerra.
El Defensor Carlos Camargo también pidió al gobierno nacional que ante cualquier intención de diálogo con grupos violentos, deben estar en el centro de la conversación los derechos de las víctimas y especialmente los de los menores de edad.
El documento que envía la Defensoría es parte del informe que elabora periódicamente el Consejo de Seguridad de la ONU, en torno a la participación de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados.