La sorpresiva elección del presidente Pedro Castillo trajo consigo la esperanza de un cambio en el inestable y corrupto sistema político de Perú, pero el profesor rural y neófito político se ha visto envuelto en votaciones parlamentarias para destituirlo y acusaciones de corrupción a tal grado que su presidencia se ha convertido en un ejercicio de supervivencia política.
Las probabilidades de que el líder izquierdista pudiera llevar a cabo una política emblemática, como la mejora de la educación o del sistema de salud, eran escasas desde el principio, dada la falta de apoyo en el Congreso, y se han evaporado a medida que se centra en mantenerse en el cargo y en la libertad de su familia.
En apenas poco más de un año en la presidencia, Castillo ha sobrevivido a dos votaciones en el Congreso para destituirlo, ha nombrado a más de 60 ministros en los 19 organismos que componen su gabinete y ha enfrentado seis investigaciones penales por acusaciones que van desde tráfico de influencias hasta plagio, una de las cuales ha llevado a una familiar cercana a la cárcel recientemente. Las investigaciones están en su fase inicial y no se han presentado cargos formales.
Castillo dice que no ha tenido ni un minuto de tregua desde que asumió el cargo y asegura que la élite política de Perú quiere que se vaya.
“No hablo como ellos, no me siento a esas mesas opulentas como ellos”, dijo ante personas reunidas en una comunidad remota en el desierto. Añadió que él venía desde abajo y que las acusaciones en su contra no lo van “a quebrar”.
Pero las tribulaciones de Castillo siguen un patrón en Perú, que recientemente tuvo tres mandatarios en una sola semana después de que uno fuera destituido por el Congreso y las protestas obligaran a su sucesor a renunciar. Casi todos los expresidentes peruanos que han gobernado desde 1985 han visto objeto de acusaciones de corrupción, algunos de ellos encarcelados o arrestados en sus mansiones. Uno se suicidó antes de que la policía pudiera detenerlo. Castillo derrotó a la hija de uno de esos presidentes, Alberto Fujimori, en las elecciones del año pasado.
Las investigaciones preliminares de la fiscalía contra Castillo son una novedad para un presidente en funciones en Perú, al igual que la detención preventiva de su cuñada por acusaciones de lavado de dinero.
elitos, y en las últimas dos décadas los fiscales generales habían propuesto abrir investigaciones preliminares a tres mandatarios en funciones. En octubre de 2020 se abrió una contra el entonces presidente Martín Vizcarra, pero el fiscal general la congeló inmediatamente hasta el final del mandato presidencial.
Sin embargo, ahora hay una nueva fiscal general, Patricia Benavides, que ha prometido investigar cualquier acto delictivo, haya sido cometido por los más poderosos o por cualquier ciudadano ordinario.
Cuando asumió el poder, Castillo no sólo se enfrentaba un Congreso fragmentado y a su propia inexperiencia política, sino a una élite desconfiada molesta con sus controvertidas promesas de campaña, entre ellas la nacionalización de industrias cruciales.
Castillo era un profesor rural en uno de los distritos más pobres de Perú antes de mudarse al palacio presidencial. Su única experiencia de liderazgo antes de convertirse en presidente de la nación había sido la de encabezar una huelga magisterial en 2017.
Esa inexperiencia hace que algunos duden que sea el líder de una red de corrupción, como alegan sus críticos.
“Dicho eso, uno no puede examinar los antecedentes de Castillo y decir: ‘Hey, este tipo es honesto’. Así que, ¿cómo conciliamos ambas cosas?”, dijo Cynthia McClintock, profesora de ciencias políticas en la Universidad George Washington que ha estudiado ampliamente a Perú. “Lo que yo siento es que parte de él no entiende del todo lo cuidadoso que debería ser. O si simplemente pensaba que esta era la forma en que se hacen las cosas. En este momento no está claro”.
