El Congreso de Estados Unidos renovó una ley de la década de 1990 que amplía la protección para las víctimas de violencia doméstica y sexual, actualizando la emblemática Ley de Violencia contra la Mujer casi tres años después de que caducara debido a la oposición republicana.
La ley fue aprobada esta semana como parte de un paquete de financiamiento gubernamental por 1,5 billones de dólares y supone la culminación de años de trabajo de miembros de la Cámara de Representantes y el Senado. Será promulgada por el presidente Joe Biden, que trabajó en ella durante la época en que estuvo en el Senado.
Con la aprobación de la ley se produjo un momento poco común de acuerdo bipartidista en el Congreso, alcanzado en parte por la fuerza de los vínculos personales que los legisladores tienen con la violencia doméstica y sus efectos devastadores.
Para el senador Kevin Cramer, la conexión es su hijo adoptivo, cuya madre biológica fue asesinada por su marido. Para la senadora Lisa Murkowski, se trata de la necesidad de ampliar la jurisdicción tribal sobre los delincuentes no indígenas en su estado natal de Alaska.
En el caso de la representante Sheila Lee Jackson, el asunto se remonta a las frenéticas llamadas telefónicas que recibió en el Centro de la Mujer de Houston en la década de 1990. Y para la senadora Joni Ernst, el impulso para que la ley fuese autorizada de nuevo se debe en parte a su propia experiencia como sobreviviente de una agresión sexual.
“Conozco de primera mano la horrenda experiencia a la que se enfrentan demasiadas mujeres a manos de un agresor”, dijo Ernst en un comunicado. “Es por eso que durante tres años he trabajado con diligencia y con legisladores del otro partido para elaborar un proyecto de ley que modernice esta importante ley para asegurar que mis compañeras sobrevivientes sean respaldadas y fortalecidas”.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que ayudó a redactar y aprobar la ley original como miembro de la Cámara de Representantes en 1994, la calificó como “una de las leyes más importantes aprobadas por el Congreso en los últimos 30 años”.
Sin embargo, la reautorización de la ley, cuyo objetivo es reducir la violencia doméstica y sexual y mejorar la respuesta a través de una variedad de programas de subvención, por poco no se logra. El punto de fricción fue una cláusula en la última propuesta, aprobada por la cámara baja en abril de 2019, que habría prohibido a las personas previamente declaradas culpables de un delito menor de acoso poseer armas de fuego.
Según la ley federal actual, las personas que hayan sido declaradas culpables de abuso doméstico pueden perder sus armas si están o han estado casados con su víctima, viven con ella, tienen un hijo en común o son padres o tutores de la víctima. Pero la ley no se aplica a los acosadores ni a las personas con las que salían o salen. Los defensores de la ley lo llaman desde hace tiempo “la laguna jurídica del novio”.
Pero la ampliación de las restricciones suscitó una feroz oposición por parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y de los republicanos en el Congreso, lo que creó un estancamiento.
En esta ocasión, los demócratas cedieron y no incluyeron la cláusula. Pero legisladores como Jackson Lee dijeron que no se darán por vencidos.
“Una de las formas de ayudar a las mujeres es quitarle al abusador el arma de las manos”, declaró el demócrata. “Y esta no es una cuestión de la NRA. Esta es una cuestión humana. Esto se trata de salvar a mujeres y niños. Esto es ponerse en sus zapatos”.
