Con base en una investigación que comenzó hace tres años, las autoridades federales en Estados Unidos desmantelaron un negocio fraudulento que ganó 200 millones de dólares abusando del programa de visados de trabajo H-2A para traer al país a trabajadores procedentes de México, Guatemala y Honduras.
Durante años, los trabajadores migrantes, que pagaron por obtener ayuda para entrar legalmente a Estados Unidos, acabaron obligados a realizar trabajos agrícolas a cambio de un salario precario o nulo, según las autoridades federales. Los migrantes recibieron amenazas de deportación y violencia de parte de supervisores armados mientras vivían en remolques sucios y atestados de gente, con poca comida y agua potable.
Según los registros judiciales, a algunos de ellos se les había prometido una paga de hasta 12 dólares por hora a cambio de trabajar en granjas de la zona rural del sur de Georgia. Sin embargo, se les ordenó desenterrar cebollas sólo con las manos y se les pagó apenas 20 centavos de dólar por cada cubo lleno, mientras hombres armados los mantenían vigilados. Al menos dos de los migrantes murieron y otro fue violado repetidamente.
Los fiscales federales dijeron que el caso equivalía a esclavitud moderna y el jurado investigador acusó a 24 personas ante un tribunal federal de distrito de decenas de cargos penales, entre ellos trabajo forzado, fraude postal, manipulación de testigos y asociación ilícita para cometer lavado de dinero.
Las comparecencias en el caso se han programado para el 21 de diciembre y el 6 de enero en el tribunal federal de Waycross, cerca del límite entre los estados de Georgia y Florida.
Según la acusación, a los trabajadores se les obligó a pagar cuotas ilegales por el transporte, la comida y el alojamiento. Además, se les retuvieron sus documentos para viajar y otras identificaciones, lo que les impidió huir y buscar ayuda.
El fiscal federal David Estes, del Distrito Sur de Georgia, dijo en un comunicado que el caso había puesto en libertad a “más de 100 personas de los grilletes de la esclavitud moderna y hará rendir cuentas a quienes los encadenaron”.
En octubre, un jurado federal de investigación con sede en Waycross inculpó a dos decenas de imputados. La acusación se hizo pública después de que un juez revelara el documento a finales de noviembre.
Desde al menos 2015, dice la denuncia, los acusados utilizaron solicitudes de visado H-2A para traer a decenas de trabajadores migrantes a Estados Unidos como trabajadores agrícolas. Este programa federal exige que se le pague a los trabajadores un salario justo —a menudo entre 10 y 12 dólares la hora— y que se les reembolsen los gastos de viaje de ida y vuelta a Estados Unidos, así como la comida y el alojamiento.
En cambio, según los fiscales, los acusados se quedaban con la mayor parte del dinero que se les debía a los trabajadores. Blanquearon sus ganancias utilizando dinero en efectivo para comprar terrenos, casas y más de una decena de vehículos, así como para adquirir un restaurante y un club nocturno. Otros millones fueron lavados a través de casinos, según la acusación.
