El gobierno de Donald Trump endureció el embargo estadounidense contra Cuba, restringiendo aún más los viajes a la isla comunista y el acceso del sector privado a la banca estadounidense.

Las nuevas regulaciones, emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que entraron en vigor el miércoles, también ampliaron la exposición a las sanciones al prohibir las transacciones «indirectas» con entidades sancionadas vinculadas al ejército cubano e incluidas en la Lista Restringida de Cuba, que mantiene el Departamento de Estado.

Las normas también amplían la lista de entidades que pueden incluirse. El Secretario de Estado ahora puede añadir entidades que actúen «en beneficio» del ejército, los servicios de inteligencia o de seguridad cubanos.

Según los nuevos cambios, los bancos bajo jurisdicción estadounidense no pueden abrir ni mantener cuentas bancarias para empresarios independientes cubanos. Tampoco podrán procesar transacciones de «retorno», es decir, transferencias que se originan y terminan en terceros países e involucran a entidades o ciudadanos cubanos.

Las nuevas regulaciones prohíben los viajes a Cuba para reuniones o conferencias profesionales y eliminan los viajes grupales patrocinados por una organización estadounidense con fines educativos de intercambio cultural. El embargo prohíbe los viajes a Cuba con fines turísticos, pero permite algunas excepciones, como los viajes para visitar a familiares.

Los críticos de la categoría de «intercambios culturales» afirman que equivale a turismo. En 2022, una jueza federal de Miami dictaminó que las compañías de cruceros que llevaban pasajeros estadounidenses a Cuba amparándose en dicha excepción estaban incurriendo en turismo prohibido, en un caso de gran repercusión relacionado con la confiscación de bienes en Cuba. Sin embargo, las compañías de cruceros apelaron y un tribunal de apelaciones aún está considerando el asunto.

Organizaciones y activistas de izquierda también han viajado a la isla amparándose en estas excepciones, en visitas controversiales que han incluido reuniones con altos funcionarios del gobierno cubano y eventos en apoyo del gobierno comunista.

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, declaró el miércoles que el Departamento del Tesoro modificó el Reglamento de Control de Activos Cubanos «para cerrar las lagunas legales que el régimen cubano ha explotado durante mucho tiempo para evadir las sanciones, enriquecer a personas cercanas al régimen y financiar actividades subversivas y militares peligrosas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos».

Algunas de las medidas eran previsibles desde hace tiempo, ya que las normas implementan un memorando presidencial de seguridad nacional emitido en junio del año pasado y una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en mayo. Sin embargo, restringir el acceso del sector privado a los bancos estadounidenses supone un cambio de política.

Hasta ahora, la administración había mantenido una política de apoyo a la expansión del sector privado en la isla, por ejemplo, permitiendo la venta de petróleo estadounidense a entidades privadas, pero no al gobierno. El Departamento de Estado ha estado revocando discretamente visas otorgadas a empresarios privados.

Recientemente, el Cuba Study Group, una organización cubanoamericana con sede en Washington, instó a la administración a emitir directrices y garantías claras a los bancos para que pudieran abrir y mantener cuentas para empresarios privados cubanos, autorización que la administración Biden concedió. Pocos bancos acataron dicha autorización por temor a sanciones y por la falta de directrices de cumplimiento.

Aun así, los empresarios de la isla temen que la nueva restricción complique aún más el pago de las importaciones y obstaculice el crecimiento.

«Aunque el número de cuentas existentes era reducido y el efecto inmediato de la medida podría parecer mínimo, la señal es clara en términos del ‘futuro'», afirmó Osniel Castellanos, fundador de Auge, una consultora que ha ayudado a cientos de emprendedores a crear sus negocios en la isla.

Castellanos señaló en una publicación de Facebook que la medida «crea obstáculos adicionales» para que los emprendedores privados aprovechen el paquete de reformas anunciado por el gobierno cubano en junio, que permite la banca privada, ya que cierra «cualquier opción de conexión bancaria por mínima que fuera con EEUU». Asimismo, destacó que Estados Unidos es el principal mercado para el sector privado cubano y que la comunidad cubanoamericana es «una fuente tanto de capital semilla y poder de compra en Cuba».

«Es de esperar que bancos no americanos que suelen procesar el mayor número de transacciones del sector privado para comprar bienes y servicios en el mercado exterior puedan a partir de ahora endurecer y extremar sus procesos de compliance y due diligence,» añadió, «lo que pudiera generar nuevos obstáculos y dificultades al proceso de pagos por compras internacionales que realiza el sector privado, sobre el cual está soportado todo el proceso de importación de alimentos y combustibles, entre otros productos importantes para la vida nacional».

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió el martes nuevas directrices para explicar los cambios, indicando que la normativa aún permite a otros cubanos abrir cuentas en bancos estadounidenses, pero no a los empresarios.

«Por ejemplo, un autor cubano residente en Cuba puede abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos para recibir pagos por la venta de su libro», señalan las directrices.

Funcionarios cubanos reaccionaron rápidamente a las nuevas normas, aprovechando las restricciones bancarias para argumentar que el gobierno estadounidense no apoya realmente al sector privado de la isla, al que ha tolerado por necesidad económica, pero que mantiene bajo estricto control.

«Las nuevas medidas coercitivas unilaterales aprobadas por el gobierno de EE.UU, además de reforzar aún más la asfixia contra #Cuba, le quitan las máscaras a quienes dicen que solo son contra el Gobierno cubano y sus empresas», declaró el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en X. «Esas acciones contra el sector privado cubano demuestran claramente que su única intención es provocar el máximo sufrimiento a nuestro pueblo y limitar la puesta en marcha de las transformaciones económicas y sociales».