El presidente Trump firmó un decreto que pone fin al “derecho de ciudadanía por nacimiento” basada en lo que llamó “una correcta interpretación de la ley”, y que de inmediato provocó una serie de demandas por parte de organizaciones proinmigrantes y defensoras de los derechos civiles.
Como parte de su plan para endurecer las leyes migratorias, el presidente Donald Trump cumplió con su promesa de firmar en el primer día de su gobierno, un decreto u orden ejecutiva que revoca la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes que no tengan un estatus legal permanente en Estados Unidos. La orden ejecutiva prohíbe reconocer como ciudadanos estadounidenses a los hijos de padres extranjeros que no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos de conformidad con la décimo cuarta enmienda.
El gobierno del presidente Trump señala que la orden ejecutiva está sustentada en la “correcta interpretación de la 14 enmienda”.
Cambios de la 14.ª enmienda
Un poco de historia
La 14ª Enmienda no siempre garantizó la ciudadanía por derecho de nacimiento a todos los nacidos en Estados Unidos. De hecho, el Congreso no autorizó la ciudadanía a todos los indígenas estadounidenses nacidos en Estados Unidos hasta 1924.
La 14.ª Enmienda fue ratificada en 1868, revocando la decisión Dred Scott que negaba a los estadounidenses negros los derechos y las protecciones de la ciudadanía estadounidense. En 1898, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó en el caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark que los niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes tenían derecho a la ciudadanía estadounidense, y el principio ha permanecido inalterado como una piedra angular constitucional durante más de un siglo.
Según la Fundación Heritage, una institución que promueve las políticas conservadoras en Washington, el derecho universal a la ciudadanía de nacimiento está “erróneamente” interpretada.
Según la Fundación Heritage, los niños nacidos en EEUU de padres extranjeros indocumentados o visitantes temporales no deben ser considerados ciudadanos en EEUU de padres extranjeros indocumentados o visitantes temporales no deben ser considerados ciudadanos estadounidenses porque los padres “no están sujetos a la jurisdicción de EEUU”, un requisito explícito en la enmienda.
¿Qué dice la ley sobre la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14 enmienda de la Constitución estadounidense que señala que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida”
“Este es un derecho constitucional y el presidente no puede revocarlo con una firma. Esto es importante, porque el derecho sigue existiendo hoy en día, sin importar lo que haya escuchado del presidente Trump o por la orden ejecutiva”, explicó en una conferencia conjunta Maya Wiley, presidenta ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo en Derechos Humanos y Civiles.
“Lo importante es recordar que se trata de un derecho civil que empezó con un derecho que se le dio a los esclavos liberados y hay que entender que es un principio fundamental”, agregó Wiley.
Según expertos para que esta orden ejecutiva entre en vigor se tendría que cambiar la enmienda 14 lo que representa un proceso complejo porque involucraría una cambio de la Constitución. “La enmienda 14 garantiza la ciudadanía por nacimiento y para poner fin a esto será necesaria una enmienda constitucional. Esta orden ejecutiva va a ser objeto de litigio por lo que llevará bastante tiempo para que llegue a la Corte Suprema y tome una decisión”, explicó Muzaffar Chishti, director del Instituto de Políticas Migratorias.
¿Desde cuándo se aplica la orden ejecutiva y a quiénes afecta?
Según el decreto, la medida no es retroactiva y se aplicará para todos los hijos de padres indocumentados que nazcan después del 19 de febrero de 2025, al menos que uno de ellos sea ciudadano estadounidense o residente permanente de Estados Unidos.
“Esto también afecta a las personas que están aquí con una visa de no inmigrante, como un estatus migratorio temporal. Por ejemplo si están con visas de trabajo como la H1B o L1, es decir aquellas personas que están aquí legalmente porque han venido a trabajar para una empresa, si tienen hijos, estos ya no serían ciudadanos estadounidenses al nacer en EEUU”, respondió Freg Chen, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración en una conferencia virtual organizada por America’s Voice.
Asimismo, afectaría a aquellos inmigrantes que estén con un Estatus de Protección Temporal (TPS) o a la espera de una solicitud de asilo.
La orden también establece no emitir pasaporte ni número de Seguro Social a los niños nacidos en EEUU después del 19 de febrero que no demuestren el estatus legal de al menos uno de los padres.
Esta situación desencadenará una “pesadilla logística” para las agencias porque según lo expertos los nuevos requisitos para solicitar este tipo de documentos se aplicarán a todas las personas en EEUU.
Por otro lado, la campaña de Trump, aseguró en comunicación escrita que esta orden ejecutiva era una manera de “cumplir con la promesa” del presidente de terminar con lo que catalogan como “turismo de nacimiento”.
Demandas piden frenar orden ejecutiva
Tras la firma del decreto no tardaron las demandas contra el gobierno estadounidense que consideran la orden ejecutiva “inconstitucional”.
Las secciones de la Unión Americana de Libertades Civiles en Nueva Hampshire, Maine y Massachusetts, junto con otros defensores de los derechos de los migrantes, presentaron una demanda ante el tribunal federal de Nueva Hampshire para detener la orden ejecutiva.
A esta demanda se unió el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco.
“El presidente argumenta que la enmienda es para personas que están bajo la jurisdicción de EEUU y eso es algo que ya ha sido clarificado y confirmado en la Corte Suprema desde 1898. Por ser un derecho que está en la Constitución nosotros argumentamos que esta orden ejecutiva es ilegal y de hecho apenas se firmó presentamos la demanada solicitando que se suspenda inmediatamente”, dijo Alba Villa, directora de desarrollo de LULAC, una de las organizaciones demandantes.
Posteriormente, fiscales de 22 estados también presentaron demandas para bloquear la medida del presidente Trump. Los fiscales generales reconocieron la amplia autoridad del presidente Trump, pero al mismo tiempo consideran que la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley consolidada.
Del mismo modo, el miércoles cinco madres embarazadas, la organización CASA, el Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda ante una corte en el estado de Maryland en respuesta a la orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Se espera que tan pronto como el jueves un juez de esta jurisdicción agende un primer contacto con las partes involucradas.
Por su parte, la Casa Blanca dijo que está lista para enfrentar a los estados en los tribunales y calificó las demandas como “nada más que una extensión de la resistencia de la izquierda”.
