Una unidad especial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizó bases de datos delicadas del gobierno estadounidense creadas para rastrear terroristas para investigar a unos 20 periodistas en Estados Unidos, incluida una reportera de The Associated Press ganadora de un Premio Pulitzer, según un organismo federal de supervisión.
Yahoo News, que publicó un amplio artículo sobre la investigación, encontró asimismo que la unidad, llamada Counter Network Division, consultó expedientes de colaboradores legislativos y quizá de miembros del Congreso.
Jeffrey Rambo, un agente que reconoció haber verificado información sobre los periodistas en 2017, dijo a investigadores federales que la práctica es rutinaria.
“Cuando un nombre es puesto en tu escritorio hay que verificarlo en todos los sistemas a los que se tenga acceso, es lo ordinario, es lo que todo mundo hace”, declaró Rambo, según Yahoo News.
La AP obtuvo una copia censurada de un informe de más de 500 páginas del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que incluyó la misma aseveración, pero con el nombre borrado de quien la hizo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) es parte del DHS.
Las revelaciones suscitaron alarma entre las organizaciones noticiosas y la exigencia de una explicación exhaustiva.
“Estamos preocupados profundamente sobre este abuso evidente del poder. Esto parece ser un ejemplo de periodistas etiquetados específicamente por simplemente hacer su trabajo, lo que infringe la Primera Enmienda”, señaló Lauren Easton, directora de relaciones de prensa de la AP, en un comunicado.
En su declaración, la CBP no aborda específicamente la investigación, pero señala que las “operaciones de escrutinio e investigación de la CBP, incluidas las realizadas por la Counter Network Division, están estrictamente regidas por protocolos bien establecidos y las mejores prácticas. La CBP no investiga a individuos sin fundamento legítimo o jurídico para hacerlo”.
Un empleado de Storymakers Coffee Roasters, una pequeña tienda propiedad de Rambo en el Barrio Logan de San Diego, dijo el sábado que Rambo no estaba de momento disponible para hacer declaraciones. Rambo vive en San Diego.
Las nuevas revelaciones son sólo los ejemplos más recientes del uso del poder que las agencias federales hacen para examinar los contactos de periodistas y otras personas.
Este 2021, el secretario de Justicia, Merrick Garland, prohibió formalmente la confiscación de expedientes de periodistas en investigaciones filtradas, con limitadas excepciones tras revertir una política de años del departamento.
La medida fue adoptada debido a la indignación que suscitaron las revelaciones de que el Departamento de Justicia del presidente Donald Trump había obtenido expedientes de periodistas, así como de miembros demócratas del Congreso y sus colaboradores y un exasesor de la Casa Blanca, Don McGahn.
