El Gobierno de transición de Haití reclamó justicia el domingo para el malogrado presidente Jovenel Moise, en el tercer aniversario de su asesinato, cuya investigación local sigue estancada aunque varias personas han sido condenadas en Estados Unidos por este crimen.

Moise fue torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.

Al cumplirse tres años del magnicidio, el Gobierno haitiano organizó en Puerto Príncipe una ceremonia de reflexión y recuerdo en memoria de Moise, a la que asistieron, entre otros, el primer ministro, Garry Conille, ministros, así como varios miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

El presidente del CPT, Edgard Leblanc Fils, utilizó su cuenta de Facebook para recordar al ministro de Justicia, Carlos Hercule, “que debe hacerse todo lo posible para que se actúe públicamente contra los instigadores, autores y cómplices de este atroz asesinato”.

En tanto, el grupo Amijomo, formado por antiguos ministros y familiares de Jovenel Moise, se ha felicitado por los avances de la justicia estadounidense y espera que otros culpables sean juzgados y castigados.

El avance más reciente en Haití en la investigación del asesinato se produjo el pasado mes de febrero cuando el juez Walther Wesser Voltaire, encargado del caso, imputó a unas cincuenta personas, entre ellas la viuda del presidente, Martine Moise, y al ex primer ministro Claude Joseph.

La mujer, quien resultó herida en el asalto y que siempre ha abogado por la creación de un tribunal internacional que investigue la muerte de su marido, está acusada de robo a mano armada, intento de asesinato y conspiración para atentar contra su marido.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moise, la crisis sociopolítica y económica del país se ha deteriorado hasta el punto de que los grupos armados que siembran el terror se han hecho más fuertes en armas, municiones e influencia.

El mes pasado llegó al país caribeño, como parte de una Fuerza Multinacional, avalada por la ONU, el primer contingente policial keniano para colaborar en la lucha contra las bandas armadas.