El Ministerio Público de El Salvador pidió el viernes a un tribunal que le imponga una pena de 16 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por presuntamente concertar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas recluidos en las cárceles.

En tanto para su exministro de Seguridad general David Munguía Payes, procesado en el mismo caso, la Fiscalía solicitó una pena de 20 años de prisión.

Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no está presente en el juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.

Una reforma penal aprobada en septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes.

Funes (2009-2014) enfrenta cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión. A Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 20 años.

Al final la audiencia de alegatos, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador anunció que el veredicto se conocerá el 9 de junio.

Desde Nicaragua, Funes -que dice ser un perseguido político- rechazó las acusaciones y dijo en su cuenta de Twitter que el juicio “responde a una lógica conspirativa”.

En los alegatos finales la Fiscalía afirmó que “con base a la prueba desfilada en el juicio se ha comprobado la existencia de los delitos que se le imputan a los procesados” y solicitó al tribunal que emita una condena.

Aseguró que ambos funcionarios omitieron y se excedieron en sus obligaciones y que violentaron el protocolo de seguridad. A su vez destacó que al menos tres testigos relataron durante el juicio las reuniones en las cárceles entre los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18, con conocimiento del expresidente Funes y del general Munguía Payés, lo que permitió el fortalecimiento de esos grupos criminales.

Por su parte Munguía Payes, que había mantenido el silencio durante el juicio, al abandonar el tribunal criticó al sistema judicial salvadoreño y afirmó que ninguno de los testigos presentados por la Fiscalía “pudo probar que yo di una orden de carácter ilegal”.