Pese a los bloqueos en retenes policiales, cientos de salvadoreños salieron el domingo a las calles de la capital en una nueva protesta contra el gobierno del presidente Nayib Bukele, y como rechazo a sus políticas económicas, supuestos actos de corrupción y las negociaciones con las pandillas.
Es la cuarta protesta que se realiza contra la administración de Bukele, quien asumió el 1 de junio de 2019 para un periodo de cinco años. En la marcha participaron sindicatos, grupos feministas, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, veteranos de guerra, diputados y miembros de partidos políticos opositores.
Los diversos grupos convergieron en el parque Cuscatlán, desde donde marcharon portando carteles en los que expresaron su rechazo a Bukele y a sus políticas económicas, incluida la puesta en marcha del bitcoin como divisa de curso legal.
“Siempre ha habido corrupción, siempre ha habido dificultades en el sistema de justicia, pero actualmente no hay ninguna garantía que una persona vaya a tener una protección efectiva de derecho”, dijo la diputada Claudia Ortiz, del conservador partido VAMOS
El exguerrillero Medardo González, uno los más altos dirigentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó su respaldo a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Bukele.
Dijo que lo que Estados Unidos ha hecho es publicar lo que ya sabía, “la información de la corrupción desmedida de Bukele y de todos sus ministros, que son un atajo de corruptos”.
El Tesoro de Estados Unidos afirmó esta semana que el gobierno del presidente Bukele negoció en secreto una tregua con los líderes de las poderosas pandillas del país y anunció sanciones para distintos funcionarios.
El gobierno estadounidense alega que el gobierno de Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios y privilegios financieros para sus líderes encarcelados, incluidas prostitutas y teléfonos celulares. La acusación apunta directamente a uno de los éxitos más pregonados por Bukele durante su mandato: una caída en la tasa de asesinatos.
Bukele, que ha negado las acusaciones preguntó en su cuenta de Twitter: ”¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan”.
Dirigentes del FMLN también exigieron la libertad para “los presos políticos”, en su mayoría exfuncionarios de los gobiernos de Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), procesados por actos de corrupción mientras ejercieron sus cargos.
Algunos de los manifestantes gritaban “Bukele dictador”; otros preguntaban “¿Cuál es la ruta?” y respondían “Sacar al dictador”.
En su cuenta de Twitter, Bukele denunció la protesta, afirmando que le da “pena ajena”.
“Los iba a trolear, pero me dio pena ajena la marcha de hoy. El Gobierno de Estados Unidos comete un error de concepto: No se puede levantar un muerto, por más millones de dólares que se inviertan. El Salvador no quiere volver al pasado”, escribió el mandatario.
Los manifestantes exigieron que se restituya a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general destituidos el 1 de mayo. También pidieron que no se aprueben las reformas a la Constitución que promueve el gobierno, que no se avale la reelección presidencial y se deroguen las reformas que facilitan a la Corte Suprema de Justicia trasladar o despedir a jueces o magistrados.
Sonia Urrutia, que dijo hablar en representación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, exigió a Bukele que derogue la ley del bitcoin, mediante la cual que puso en vigor el uso de la criptomoneda.
“Nos sentimos estafados, él (Bukele) le mintió al pueblo salvadoreño porque en su campaña (electoral) nunca dijo que iba a implementar una moneda virtual, el bitcoin, que todo el pueblo ha rechazado”, manifestó Urrutia.
No se reportaron incidentes mayores, mientras unidades combinadas de la policía y de la fuerza armada montaron retenes en diferentes puntos del país y en las entradas a la capital salvadoreña, donde realizaron minuciosos registros a los autobuses como medidas de seguridad, según las autoridades.
