La Policía Nacional Civil reportó el miércoles el primer día sin homicidios tras el inicio del polémico estado de excepción que ha generado preocupación dentro y fuera de El Salvador por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad.
“Finalizamos el martes 29 de marzo con cero homicidios registrados en el país”, señaló un informe de la policía publicado en sus redes sociales.
Sólo el sábado se registraron 62 homicidios, un nivel de violencia que no se había visto en varios años. En todo el mes de febrero, de acuerdo con cifras oficiales, hubo 79 homicidios.
La policía informó que en las primeras horas del miércoles dos pandilleros murieron “en un presunto enfrentamiento con agentes” del cuerpo de seguridad en el municipio de Chirilagua, departamento de Morán al este del país.
El presidente Nayib Bukele informó en Twitter que en cuatro días de régimen de excepción han sido capturados 2.163 pandilleros. “Ninguno saldrá libre. Seguimos”.
Para combatir la alarmante violencia, a pedido del mandatario el Congreso aprobó el domingo el estado de excepción, que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
La suspensión de garantías constitucionales no afecta la libertad de expresión o libre circulación. La medida durará 30 días aunque se podrá extender por otro mes.
El miércoles por la tarde, Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que se reuniera para aprobar “más herramientas legales” para combatir a las pandillas, que en tres días de violencia cobraron la vida de 89 personas.
Durante la sesión no se dieron detalles del contenido de las iniciativas del mandatario, pero el ministro de Justicia y Seguridad Publica, Gustavo Villatoro, dijo que “de ahora en adelante, el solo hecho de pertenecer a pandillas será catalogado como delito y castigado con una pena ejemplar”. En 2015 la Corte Suprema calificó a las pandillas como organizaciones terroristas.
Según se informó, las maras o pandillas o toda asociación conformada con el fin de delinquir se considerarán penalmente ilícitas y sus miembros podrían ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión. Sin embargo, los líderes podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.
En tanto, las fuerzas de seguridad apoyadas por contingentes de soldados continúan realizando patrullajes y allanando comunidades populosas para perseguir a los pandilleros. En estas comunidades soldados armados con fusiles M-16 han montadas barricadas con púas y controlan las entradas y salidas de personas, que son sometidas a un minucioso registro. Las mujeres y niños no son la excepción.
En las redes sociales se han hecho virales fotografías de soldados registrando las mochilas de los niños. “No puede suponerse que todos los niños que viven en lugares de extrema pobreza o asediados por estructuras son colaboradores de las pandillas”, dijo a periodistas la abogada defensora de derechos humanos Zaira Navas.
Por su parte el abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, señaló el cierre de algunas comunidades, que dijo no esta incluido en el régimen de excepción y censuró los cateos a niños.
Pero no todas son criticas. Personas de a pie, aunque dicen que han sido objeto de revisiones de parte de los policías y soldados, no condenan las haciendo el gobierno contra los pandilleros. “Todos, no solo yo, también la gente estudiada sabe que (los pandilleros) son malos, matan, roban hacen lo quieren. Yo estoy de acuerdo que les apliquen toda la fuerza”, dijo a la AP la señora Marta Maravilla, luego de hacer las compras del día en uno de los mercados de la ciudad.
Las autoridades también mantienen en emergencia las cárceles, donde más de 16.000 pandilleros cumplen condenas o están sometidos a procesos penales por diferentes crímenes.
Bukele ordenó que permanezcan en sus celdas “sin poder ver ni un rayo del sol”. Les decomisaron las colchonetas para dormir y les racionaron la comida a solo dos al día. En un mensaje dirigido a los pandilleros que están en las calles el mandatario advirtió que, si no paran de matar, sus compañeros en las cárceles pagarán las consecuencias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por la emergencia máxima en las cárceles y dijo que el Salvador debe “revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo custodia”.
Bukele cuestionó a la CIDH y sostuvo en Twitter que “cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo NI UNA TAN SOLA PALABRA. Pero no tardaron ni un día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles”.
