El proyecto de Ley Dignidad (Dignity Act) es el centro de un nuevo esfuerzo bipartidista para lograr una reforma migratoria que otorgue un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados.
“Este es el momento que ha llegado para darle dignidad a aquellos que viven en los Estados Unidos, estamos hablando de esta gente que lleva más de cinco años, gente que tiene hijos americanos, la gente que ha pagado impuestos, la gente que está haciendo los trabajos de una manera silenciosa”, dijo la representante republicana María Elvira Salazar (Florida).
Salazar participó este miércoles en un evento organizado por la American Business Immigration Coalition (ABIC) en el Capitolio, para lanza la campaña “Secure America’s Workforce” (Asegurar la Fuerza Laboral de Estados Unidos, en español).
El republicano Dan Newhouse (Washington) reconoció que este proyecto requiere un respaldo del presidente Donald Trump.
“Esas conversaciones se están llevando a cabo. Estamos trabajando para asegurarnos de que ambos [partidos] estén de acuerdo, algo con lo que me siento muy cómodo. Usted tiene toda la razón. Esa es la clave del éxito, con la ayuda del presidente Trump”, dijo.
Al plan se suman miles de líderes empresariales y asociaciones industriales para abogar por políticas de inmigración que atiendan la escasez de mano de obra.
“Estamos en un punto de inflexión. En este momento, hay una escasez de 1.7 millones de trabajadores en los Estados Unidos. Es una amenaza directa para nuestra economía, nuestras industrias y la prosperidad de las familias trabajadoras”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de ABIC. “Es hora de modernizar nuestro sistema para que los inmigrantes respetuosos de la ley y que pagan impuestos, muchos de los cuales han estado aquí durante décadas —como nuestros Dreamers y trabajadores agrícolas— puedan obtener permisos de trabajo legales y tarjetas de residencia permanente”.
La congresista Salazar destacó varias industrias donde laboran inmigrantes que serían beneficiados con la reforma, como agricultura, hostelería y construcción.
“Estas son las gentes que se merecen ahora, cuando ya esta frontera se cerró, se merecen que salgan de la oscuridad y darles dignidad”, expresó. “Voy a presentar una legislación, la Ley Dignidad, y necesito que todo el mundo me ayude, porque sola no lo puedo hacer, por eso tenemos a los republicanos y a los demócratas”.
El representante Tom Suozzi (Nueva York), junto a Verónica Escobar (Texas) –quien no estuvo presente– apoyan el proyecto bipartidista-
“La gente necesita mirar más allá de sus propios intereses y encontrar un terreno común”, dijo Suozzi. “En el Caucus compuesto por miembros dispuestos a buscar soluciones a los problemas (“Problem Solvers Caucus”, en inglés) tenemos 50 miembros del Congreso tratando de encontrar ese terreno común”, afirmó.
La seguridad en la frontera
Un eje del proyecto es ampliar los recursos para asegurar la frontera, una de las principales preocupaciones de los republicanos.
“Logra el control operativo y la ventaja en la Frontera Sur mediante la implementación de una Estrategia Integral para la Frontera Sur”, dice el proyecto original presentado en la legislatura pasada, pero que se retomará este año.
El plan incluye varias ideas incluso en proceso por el gobierno del presidente Donald Trump bajo órdenes ejecutivas, como la construcción del muro fronterizo y otro tipo de barreras físicas en la frontera con México.
También se propone aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y unidades de inteligencia fronteriza.
“Implementa nuevas políticas para detener a los delincuentes que cruzan la frontera ilegalmente, incluyendo nuevas autoridades para rastrear a quiens ubiquen a cárteles, y aumenta las sanciones para los traficantes de personas y los traficantes sexuales de menores”, se indica en el proyecto original.
Además de incrementar la recopilación de datos biométricos en puertos de entrada y salida se otorgaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la autoridad para utilizar pruebas de ADN para verificar las relaciones familiares entre inmigrantes.
El camino a la ciudadanía
Un objetivo de la reforma es crear un camino simplificado de protección migratoria para Dreamers y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), según lo estipulado en la Ley de Sueños y Promesa (Dream Act), el cual también es respaldado por Salazar.
Para otros inmigrantes indocumentados se establecería el Programa de Dignidad, definido como “una solución práctica para inmigrantes indocumentados que han estado en EE.UU. durante más de cinco años”.
Destaca que los inmigrantes indocumentados tendrían que “restituir” su ingreso sin papeles al país, para luego acceder a una Green Card.
“Los participantes del Programa de Dignidad también pagarán $5,000 en concepto de restitución durante los siete años del programa, se presentarán ante el DHS cada dos años y mantendrán una buena reputación pública. Las personas que participan en el Programa de Dignidad no tendrán acceso a beneficios ni prestaciones federales sujetos a comprobación de recursos”, dice el plan original.
Además los inmigrantes deberán aprobar la verificación de antecedentes penales y pagar los impuestos o deudas pendientes.
“Se establecen dos opciones tras la finalización satisfactoria del Programa de Dignidad: Estatus de Dignidad o Programa de Redención”, se aclara.
El Estatus de Dignidad permitiría a la persona tener un permiso laboral durante cinco años y tener una autorización para viajar fuera de EE.UU., pero sin opción a la ciudadanía. Sería renovable.
Con el Programa de Redención, el inmigrante debería terminar con la finalización del Programa de Dignidad durante siete años, pero podría obtener una Green Card, bajo la obligación de aprender inglés y aprobar exámenes de civismo estadounidense, así como contribuir con servicio comunitario o mediante pagos adicionales de restitución de $5,000 dólares.
Los cambios en sistema de asilo
El plan establece al menos cinco Campus Humanitarios (CH), es decir, centros de procesamiento de inmigrantes, donde estarían encerrados hasta que se resuelva su caso.
“Tendrán libertad de movimiento dentro del CH, acceso a instalaciones de vanguardia, personal médico, asesoría legal y organizaciones no gubernamentales”, se afirma en el proyecto original. “Resuelve los casos de asilo en un plazo de 60 días”.
