Un ciudadano venezolano deportado desde Estados Unidos y recluido en la prisión de máxima seguridad CECOT, en El Salvador, presentó una demanda federal en la que reclama al menos $1,3 millones por presuntos abusos y detención ilegal. El caso podría sentar un precedente sobre las deportaciones masivas y el trato a inmigrantes bajo custodia.
Neiyerver Adrián León Rengel, de 28 años, relató en entrevista con CBS News que su experiencia en la cárcel fue “un infierno total”. Según su testimonio, durante los cuatro meses que permaneció detenido sufrió golpizas constantes, condiciones insalubres y aislamiento extremo. “Llegó un momento en que pensé en ahorcarme”, aseguró.
La demanda, presentada ante un tribunal federal en Washington, sostiene que fue recluido sin debido proceso y sometido a tratos inhumanos. Sus abogados argumentan que fue deportado pese a tener un caso migratorio abierto y sin una orden formal de expulsión.
El caso se enmarca en una política de deportaciones que envió a cientos de venezolanos a El Salvador en 2025, bajo acusaciones de vínculos con la banda Tren de Aragua. Sin embargo, una investigación de CBS News y “60 Minutes” reveló que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales graves.
León Rengel ha negado reiteradamente cualquier vínculo con pandillas. Según explicó, fue señalado por un tatuaje en su mano. “Nunca he sido miembro de una pandilla ni de ningún grupo criminal”, insistió. De acuerdo con documentos revisados por el medio citado, su único antecedente en Estados Unidos fue un delito menor relacionado con posesión de parafernalia de drogas, por el que pagó una multa.
El caso forma parte de una política más amplia aplicada en 2025, cuando la administración de Donald Trump deportó a cientos de venezolanos a El Salvador, invocando la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. Esta medida ha sido cuestionada en tribunales y por organizaciones de derechos humanos.
Un informe de Human Rights Watch documentó abusos físicos, psicológicos e incluso casos de violencia sexual dentro del CECOT, concluyendo que las condiciones podrían constituir “detención arbitraria” y “tortura” según el derecho internacional.
Organizaciones civiles como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) respaldan la demanda. Su director ejecutivo, Juan Proaño, fue contundente: “Lo que le sucedió a Adrián Rengel es tortura avalada por el gobierno y una negación de su humanidad”.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido la deportación, asegurando que León Rengel representaba una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, la agencia no ha hecho públicas las pruebas que respalden esa afirmación.
Tras ser liberado en un intercambio de prisioneros en 2025, León Rengel regresó a Venezuela, donde asegura que no tiene intención de volver a Estados Unidos. Su objetivo, afirma, es limpiar su nombre y buscar justicia.
