El exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en 2014, tiene desde el jueves un poco más cerca la posibilidad de seguir sus procesos penales en su casa.
Un juez federal le concedió la madrugada del jueves el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria con la orden de llevar brazalete y restricción de acercarse a un aeropuerto en uno de los procesos que tiene abiertos, indicó a The Associated Press Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y abogado de las familias de los estudiantes.
Según dijo, el juez argumentó su decisión debido a la edad de Murillo Karam, 75 años, y porque estimó que eran “sólidas las pruebas que presentó la defensa sobre los síntomas de inicio de demencia senil que argumentan está enfrentando”.
Por lo pronto, el exfuncionario seguirá en el hospital del centro penitenciario donde se encuentra actualmente porque subsiste la prisión preventiva en otra causa abierta contra él, agregó el abogado.
