En una batalla legal contra reglas de peticiones de asilo, el fiscal general republicano de Louisiana, Jeff Landry, pidió a una corte federal citar a tres pequeñas organizaciones civiles que defienden a inmigrantes, para que revelen información comprometedora de sus clientes.
Landry citó a los grupos Home is Here NOLA, Immigration Services and Legal Advocacy (ISLA), y Louisiana Advocates for Immigrants in Detention.
El fiscal republicano, quien ahora compite para ser gobernador, está exigiendo identificar a todos los solicitantes de asilo a los que esos grupos han ayudado, incluida la información de cualquier apoyo gubernamental que reciban, entre otros datos.
Las organizaciones están pidiendo al juez David Johnson –nombrado por el expresidente Donald Trump—que bloqueé la petición.
“Tenemos unos colegas de parte de CCR o Central for Constitutional Rights ellos nos están representando en la corte, porque tenemos que responder, si no respondemos a esa citación, la corte nos puede sancionar”, reconoció López. “Entregaron una petición a la corte haciendo nuestros argumentos, diciendo que no debemos de tener que dar esta información, esta información es privilegiada”.
El juez Johnson –quien fue fiscal federal para el Distrito Oeste de Louisiana– marcó el 6 de abril como fecha para una audiencia, donde escuchará argumentos, aunque ese día también podría tomar una decisión.
“Es que la corte la que debe de ordenarnos a dar la información y nuestros abogados harán el argumento de por qué es que no se debe de dar [la información]”, dijo López.
Tras esa decisión se tomarán los siguientes pasos legales, acotó el activista, pero consideró que esta decisión del procurador Landry envía un mal mensaje a los inmigrantes, pero forma parte de su postura contra no ciudadanos.
El dato que más preocupa a López dar a conocer es la identidad y datos personales de sus clientes, algo que deberán hacer otras organizaciones.
“¿Para qué quiere la identidad [de los inmigrantes]? Lo que él necesita son las cifras, lo que él necesita son estadísticas, no necesita los nombres de las personas individuales”, insistió el representante de ISLA.
De qué trata la demanda
El fiscal Landry y los fiscales generales republicanos Arizona, Alabama, Florida, Arkansas, Mississippi, Misouri, Alaska y West Virginia presentaron una demanda en 2022 contra el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, contra las nuevas reglas de asilo.
La demanda acusa que eso provocará un aumento significativo de inmigrantes, lo que afectará a otros estados en sus finanzas.
Louisiana argumenta que el gobierno estatal tendría que gastar más dinero en educación, atención médica y aplicación de la ley en caso de permitir a más inmigrantes.
“Lo que ellos están diciendo [los estados demandantes], es que eso va a resultar en más personas recibiendo el asilo y entonces eso resultará en más costos al estado por parte de educación, beneficios públicos, etcétera.”, acotó López.
La demanda busca bloquear la nueva regla de la Administración Biden y, por otro lado, si el juez Johnson acepta la moción, eso podría establecer un precedente en contra de otras organizaciones civiles a favor de inmigrantes.
