Los gobernadores de Florida y Mississippi promulgaron medidas que exigen a los funcionarios verificar la ciudadanía de los votantes, justo cuando una ley similar impulsada por el presidente Donald Trump se ha estancado en el Congreso.
La ley que firmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue impugnada de inmediato en los tribunales el miércoles por organizaciones de derechos civiles, que sostienen que dificultará que los floridanos voten.
La disposición sobre ciudadanía de la ley entra en vigor el 1 de enero. Exige que los votantes presenten un certificado de nacimiento, pasaporte o certificado de naturalización como prueba de ciudadanía estadounidense si funcionarios gubernamentales cuestionan su elegibilidad para votar mediante el cruce de solicitudes de inscripción electoral con registros de vehículos motorizados.
“Muchos votantes elegibles no tienen estos documentos y no pueden obtenerlos por diversas razones —entre ellas, porque nacieron sin un certificado de nacimiento en el sur segregado del país, porque sus documentos fueron destruidos en un huracán o porque no pueden pagar los cientos de dólares que cuesta reemplazarlos”, señalaron los grupos de derechos civiles en una demanda presentada ante una corte federal en el sur de Florida.
