En medio de un endurecimiento de las políticas migratorias, Georgia podría dar un paso más allá en el uso de datos biométricos. Un proyecto de ley, actualmente en fase final de votación, que plantea recolectar ADN de inmigrantes acusados no solo de delitos graves, sino también de delitos menores, siempre que exista una solicitud de detención por parte de autoridades federales.
De aprobarse, la iniciativa colocaría a Georgia como el tercer estado en aplicar este tipo de medida dirigida específicamente a inmigrantes. Florida ya adoptó una legislación similar en 2023, mientras que Oklahoma autorizó una en 2009, aunque su implementación sigue siendo limitada.
CBS News informó que la propuesta surge en un contexto más amplio: el gobierno del presidente Donald Trump busca expandir el uso de herramientas biométricas, como el ADN, para fortalecer la aplicación de leyes migratorias y que apunta a incrementar las deportaciones en el país.
La recolección de ADN en el sistema judicial estadounidense no es nueva; según el medio citado, desde hace décadas se obtienen muestras de personas condenadas por delitos, y en muchos estados también de quienes son arrestados por delitos graves. Sin embargo, el proyecto en Georgia amplía este alcance hacia faltas menores, lo que ha encendido alertas entre expertos legales y defensores de derechos civiles.
“El ADN se está recopilando en cada vez más contextos”, explicó Stevie Glaberson, del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown al medio citado. Según advirtió, esto refleja una tendencia creciente en distintos niveles de gobierno.
El sistema nacional de ADN del FBI, creado en 1998, ya contiene más de 26 millones de perfiles. En los últimos años, su crecimiento se ha acelerado, especialmente tras cambios en las políticas federales. En 2020, durante el primer mandato de Trump, una nueva norma eliminó excepciones que limitaban la toma de muestras a inmigrantes detenidos. Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha agregado más de 2.6 millones de perfiles a la base de datos.
El nuevo proyecto en Georgia obligaría a recolectar ADN si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emite una orden de detención y no recoge al individuo en un plazo de 48 horas. Esto podría incluir a personas que posteriormente demuestren tener estatus legal en el país.
Para el senador estatal republicano Tim Bearden, impulsor de la medida, la tecnología representa una herramienta clave para la justicia. “El ADN nos ayuda enormemente cuando intentamos garantizar que se haga justicia a las víctimas”, afirmó durante una audiencia legislativa.
“No creemos que tomar ADN por infracciones como una falta de tránsito mejore la seguridad pública”, señaló Mazie Lynn Guertin, de la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Georgia.
En Georgia, algunas infracciones que en otros estados son consideradas faltas civiles, como problemas con luces traseras o señales, se clasifican como delitos menores. Esto ampliaría considerablemente el universo de personas sujetas a esta práctica.
Además, expertos subrayan que las solicitudes de detención migratoria no siempre implican que una persona sea indocumentada o deportable. “Se podría crear un sistema de dos niveles basado en la percepción del estatus migratorio”, advirtió Kyle Gomez-Leineweber, de la organización Common Cause Georgia.
Desde el Consejo Estadounidense de Inmigración, Jorge Loweree fue más crítico: “No hay una justificación clara para recolectar ADN de personas acusadas, especialmente por delitos menores. Parece más un intento de ampliar la vigilancia”.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido la cooperación con autoridades locales como una herramienta esencial para aplicar la ley migratoria.
El proyecto de Georgia se apoya en una ley previa, aprobada en 2024, que obliga a fuerzas locales a colaborar con autoridades federales.
