El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump invocó el lunes un “privilegio de secretos de Estado” y se negó a proporcionarle a un juez federal información adicional sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII, un caso que es motivo de disputa en medio de la creciente tensión con los tribunales federales.
La declaración fue efectuada mientras el presidente del tribunal, James Boasberg, evalúa si el gobierno desobedeció su orden de hacer que aviones que transportaban migrantes regresaran en pleno vuelo después de que él bloqueó las deportaciones de personas que presuntamente eran pandilleros sin que primero estuvieran sujetas al debido proceso.
Boasberg ha solicitado detalles sobre cuándo aterrizaron las aeronaves y quién iba a bordo, información que el gobierno de Trump dice perjudicaría “intereses diplomáticos y de seguridad nacional”.
Los abogados del gobierno también le pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera que las deportaciones continuaran, una solicitud que pareció generar división entre los jueces.
