El gobernador de Texas Greg Abbott emitió una orden ejecutiva que exige que los hospitales públicos de Texas recopilen información sobre los inmigrantes indocumentados, incluido el costo de la atención médica recibida por ellos.
Abbott dijo en un comunicado de prensa que emitió la orden debido a lo que llamó las “políticas de fronteras abiertas” del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
“Debido a las políticas de apertura fronteriza del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, Texas ha tenido que pagar los costos médicos de las personas que se encuentran ilegalmente en el estado”, dice el comunicado de prensa.
Abbott ordenó a la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas queexigiera a los hospitales que comenzaran a recopilar la información el 1 de noviembre y que proporcionaran informes periódicos a las autoridades estatales.
Para justificar la medida, Abbott citó los niveles récord de detenciones de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos años, y afirmó que Texas estaba asumiendo la carga económica de proporcionar servicios médicos a los inmigrantes que ingresaban al país ilegalmente.
La directiva de Abbott dice que los hospitales deberían informar a los pacientes que la nueva recopilación de información “no afectará la atención al paciente”. Señaló en su orden que la ley federal exige que los hospitales proporcionen tratamiento de emergencia a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio.
Aun así, es probable que la orden de Abbott sea criticada por los defensores de los derechos de los inmigrantes, que han dicho que políticas similares han tenido un efecto amedrentador sobre los inmigrantes, disuadiéndolos de acceder a la atención médica por miedo a las repercusiones legales.
En su orden, Abbott sugirió que Texas intentaría que el gobierno federal reembolse al estado por estos gastos, aunque no está claro cómo, o si eso sucedería.
La medida adoptada el jueves por Texas es el último ejemplo de cómo los estados liderados por republicanos han promulgado leyes y medidas de inmigración más estrictas.
Varios estados republicanos también han aprobado leyes que buscan criminalizar la inmigración no autorizada a nivel estatal y facultar a los funcionarios estatales para procesar a los presuntos infractores.
El Departamento de Justicia ha impugnado esas leyes estatales en tribunales federales, señalando que la política de inmigración ha sido durante mucho tiempo responsabilidad del gobierno federal.
