Una amenaza que alguna vez Estados Unidos deportó hacia Centroamérica ahora pudiera estar siendo exportada de El Salvador hacia países vecinos: autoridades de México y Guatemala están alertando que líderes pandilleros salvadoreñosse han estado moviendo más a sus naciones desde que en marzo de 2022 se declaró un estado de excepción en territorio salvadoreño.

“El estado de excepción en El Salvador conlleva un alto costo en cuanto al debido proceso y a los derechos humanos. También nos preocupa el potencial movimiento de pandilleros a otros países de la región”, una fuente del Departamento de Estado estadounidense, que pidió mantener el anonimato para discutir asuntos delicados de política exterior, dijo a Axios Latino (una sección y boletín de Noticias Telemundo en conjunto con Axios.com).

Esta semana un supuesto líder de alto rango de la Mara Salvatrucha (MS-13) salvadoreña, identificado como José Wilfredo Ayala, alias el Indio de Hollywood, fue detenido en Ciudad de México. Guatemala ha registrado también varios arrestos de supuestos líderes de la MS-13 y de Barrio 18 en el último año.

Mientras que las autoridades fronterizas estadounidenses reportaron que en el año fiscal pasado (de octubre de 2021 a septiembre de 2022) hubo 312 detenciones en la frontera de integrantes de la MS-13, en comparación a 113 el año previo, y 100 de pandilleros del Barrio 18, comparado a 28 el año anterior. En lo que va de este año fiscal 2023 han sido arrestados 97 supuestos mareros y 44 supuestos integrantes de Barrio 18, según los datos de agencia estadounidense CBP (Aduanas y Protección Fronteriza).

El estado de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó hace un año —que la Asamblea Legislativa controlada por el partido Nuevas Ideas ha renovado mes a mes pese a supuestamente ser excepcional— prevé que la gente pueda ser arrestada sin especificarle la causa, que la detención previa a un juicio pueda extenderse indefinidamente, que se puedan realizar escuchas e intercepciones telefónicas sin necesidad de aval judicial y la suspensión de los derechos de libre asociación y asamblea.