La administración de Donald Trump volvió a endurecer la política migratoria en Estados Unidos. Esta vez ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliar la capacidad de las autoridades federales para detener a refugiados que ingresaron legalmente al país, pero que no han obtenido la residencia permanente (Green Card) dentro del primer año de su llegada, bajo el argumento de seguridad nacional.
A través de un memorando del DHS, obtenido por CNN, se instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a “detener” o “arrestar” a estos refugiados para revisar y evaluar sus casos.
“Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señala el documento, presentado por abogados del Departamento de Justicia (DOJ) ante un tribunal federal.
La directiva fue firmada por el director interino del ICE, Todd Lyons, y el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow. El texto establece que el plazo de un año para solicitar la residencia permanente será considerado un “punto de revisión obligatoria” para todos los refugiados que no hayan alcanzado el estatus de residente permanente legal.
Bajo esta política, los refugiados podrán presentarse voluntariamente a entrevistas en oficinas migratorias. De no hacerlo, ICE deberá localizarlos, arrestarlos y mantenerlos bajo custodia “mientras dure el proceso de inspección y examen”.
Durante la política anterior, la falta de obtención de la Green Card después de un año no era motivo de detención o expulsión automática. Los refugiados arrestados debían ser puestos en libertad en un plazo de 48 horas o el DHS debía iniciar procedimientos formales de deportación.
La actual administración sostiene que estas revisiones buscan determinar si el estatus de refugiado fue obtenido mediante fraude o si la persona representa una amenaza para la seguridad nacional o pública, ya sea por presuntos vínculos con terrorismo o antecedentes penales graves.
“Derecho a estar en EE.UU. y a vivir en paz“
A decir de la misma fuente, la medida se produce en medio de una intensificación de la represión migratoria vinculada a un pleito legal activo en Minneapolis, donde el mes pasado un juez federal bloqueó a la administración Trump para que no continuara con arrestos de refugiados previamente asentados en el estado. La orden judicial no solo frenó nuevas detenciones, sino que obligó a liberar al menos a 100 personas que ya habían sido arrestadas por ICE.
En el centro de la controversia está la denominada “Operación Parris”, una estrategia que, según funcionarios federales, apuntaba a revisar el estatus migratorio de aproximadamente 5.600 refugiados en Minnesota que aún no habían ajustado su situación a residentes permanentes.
De acuerdo con las autoridades, la iniciativa contemplaba una revisión masiva de expedientes, nuevas verificaciones de antecedentes y un análisis más riguroso de las solicitudes de refugio ya aprobadas. Sin embargo, la ofensiva fue duramente cuestionada en los tribunales. En su fallo, el juez federal John Tunheim subrayó que los refugiados admitidos legalmente “tienen derecho a estar en Estados Unidos, a trabajar y a vivir en paz”, al tiempo que criticó la legalidad y el alcance de las detenciones.
Acusa al DHS de sembrar miedo a inmigrantes
Organizaciones defensoras de inmigrantes han denunciado que la medida castiga a personas que ingresaron legalmente tras huir de guerras y persecuciones.
“Esta política es un esfuerzo transparente para detener y potencialmente deportar a miles de personas que se encuentran legalmente en este país, personas a las que el propio gobierno estadounidense acogió tras años de un riguroso proceso de investigación”, afirmó Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, organización que impugna la iniciativa ante los tribunales.
En tanto, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA)condenó el accionar de la administración del presidente Donald Trump e instó al DHS a revocar la política, así como a reafirmar un trato humano y conforme a la ley hacia los refugiados. La organización advirtió que la medida “siembra el miedo, desestabiliza a las familias y envía un mensaje escalofriante de que ni siquiera quienes cumplen las normas están a salvo de una aplicación arbitraria de la ley”.
A través de una carta, Anahita Panahi, subdirectora de Asuntos de Refugiados de CHIRLA, señaló que exigir a los refugiados que regularicen su situación se ha convertido en un arma de doble filo, pues “corren un riesgo inminente de ser arrestados” y posteriormente “deportados”.
Por su parte, el director de reasentamiento, David Malikyar, junto con el director de Servicios Humanitarios del mismo departamento, coincidieron en que la presión ejercida sobre la comunidad inmigrante es “inquietante” y “brutal”, ya que —afirman— busca infundir temor y cumplir con las cuotas de detención del DHS, sin considerar el costo que ello representa para la dignidad humana.
