Según registros federales revisados por medios estadounidenses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, está destinando cientos de millones de dólares a nuevas herramientas de vigilancia mientras el gobierno avanza con su política de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump.
Los documentos revelan que más de $300 millones de dólares están previstos para tecnologías de monitoreo de redes sociales, reconocimiento facial, lectores de matrículas y servicios de rastreo de ubicación, en una de las mayores expansiones de vigilancia digital en la historia reciente de la agencia.
A medida que el ICE refuerza estos sistemas de identificación y seguimiento de inmigrantes indocumentados, organizaciones defensoras de libertades civiles alertan que el programa podría terminar atrapando también a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, ampliando de forma drástica el alcance de la vigilancia doméstica.
El despliegue tecnológico forma parte de la estrategia de la Casa Blanca para endurecer la aplicación de la ley migratoria, una política que, según críticos, normaliza el uso de herramientas intrusivas y debilita las barreras históricas que protegían la privacidad frente al poder federal.
Reconocimiento facial y datos sensibles
A este acuerdo se suma un contrato con Clearview AI por $3.75 millones de dólares, que podría superar los 9 millones si se renuevan las opciones hasta 2027, para dotar a las Investigaciones de Seguridad Nacional de software de reconocimiento facial financiado con cuentas del propio ICE.
El DHS afirmó que toda tecnología utilizada por sus componentes debe cumplir con las políticas internas, los requisitos de privacidad y los marcos de supervisión, aunque evitó referirse a proveedores o herramientas específicas en declaraciones a la prensa.
Además, el ICE está ampliando el uso de aplicaciones biométricas móviles que permiten a los agentes capturar huellas e imágenes faciales en el terreno, como Mobile Fortify, una herramienta que accede a bases de datos gubernamentales para identificar personas en espacios públicos.
Estos convenios permiten solicitudes masivas de información: el acuerdo con la SSA autoriza hasta 50.000 registros mensuales, mientras que en apenas cuatro meses el ICE pidió más de un millón de archivos al IRS, una práctica que para los críticos erosiona la protección legal de los datos.
Jay Stanley, analista sénior de políticas de la ACLU, advirtió que el reconocimiento facial se ha convertido en una tecnología de redadas marcada por invasiones sistemáticas de la privacidad, errores frecuentes y disparidades raciales que afectan de manera desproporcionada a minorías.
