El Gobierno del presidente Joe Biden implementa un nuevo plan de asilo con entrevistas aceleradas, pero que pide a los inmigrantes demostrar “miedo creíble”, algo que los expertos consideran complicado, debido a la falta de asesoría legal.

El nuevo proceso de “asilo acelerado” permite a oficiales de la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) entrevistar a los solicitantes cuando aún están en custodia en la frontera, pero ha sido criticado por los defensores de inmigrantes.

Activistas consideran que la nueva estategia de la Administración Biden es similar a la del Gobierno de Donald Trump, la cual pretendía acelerar las entrevistas de los solicitantes de asilo mientras estaban bajo custodia, pero terminó afectando a miles de personas.

“Hay mucha confusión sobre lo que está pasando en la frontera para los solicitantes de asilo”, dijo a EFE Teresa Tejada directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), una organización que pertenece a la coalición Alianza América.

“Implementar estrategias sin claridad seguramente dañará a los más vulnerables, las familias más pobres y desprotegidas que huyen para salvar su vida”, agregó la activista.

La implementación del proceso de “asilo acelerado” hace parte de la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al fin del Título 42, una medida que permite expulsar de inmediato a migrantes por razones sanitarias y cuya vigencia termina en mayo próximo, explicó un portavoz de la agencia.

El plan agiliza las entrevistas de miedo creíble de los solicitantes de asilo con los agentes de USCIS, que bajo esta iniciativa se realizarán en los centros de detención de la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP).

Para el abogado de inmigración Fernando Romo, el mayor problema de este plan es la dificultad para que estos solicitantes de asilo tengan asesoría legal.

“Presentar un caso de asilo necesita tiempo y muchos solicitantes no tienen claro cuáles son las bases por las que piden el asilo”, señaló el jurista.

El portavoz de DHS dijo a EFE que “el DHS trabajará con los proveedores de servicios legales para brindar acceso a las personas que reciben entrevistas de miedo creíble bajo custodia de CBP”.

Subrayó que el proceso “está diseñado para garantizar que los migrantes tengan la capacidad de contactar a los proveedores de servicios legales” y que los agentes y oficiales de CBP no realizarán estas entrevistas.

Pero el esfuerzo no parece convencer a las organizaciones que prestan ayuda en la frontera como Jewish Family Service (JFS) , que trabaja con inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo en San Diego (California).

En un comunicado la organización dijo que “condena cualquier acción que pueda dañar aún más a las familias migrantes vulnerables y a las personas que buscan seguridad en los EE.UU.”.

La diferencia con la política de Biden es que las entrevistas serán hechas por funcionarios de USCIS, que generalmente son los encargados de realizar esta tarea.

“El hecho de que la Administración puso fin a estas políticas al asumir el cargo, solo para restablecerlas menos de dos años después, es imperdonable y horrible”, manifestó JFS.

Por su parte el portavoz del DHS indicó que la “Administración Biden continuará analizando todas las herramientas disponibles para hacer que el procesamiento de asilo sea más eficiente, al tiempo que defiende el debido proceso y otras protecciones”.

Criticó además que “el Congreso se niega a actuar para arreglar nuestro sistema de inmigración defectuoso de décadas”.

El DHS no explicó cuándo comenzará el programa piloto, pero el representante a la Cámara de EE.UU. Henry Cuéllar dijo el miércoles pasado a Border Report que las entrevistas de selección ya se están realizando en grandes instalaciones temporales de CBP. Aunque no dio detalles.

Tejada reclama más información sobre la implementación de este y otros planes que afecten a los solicitantes de asilo. “Hay salvadoreños que llaman desde la frontera mexicana y no sabemos cómo orientarlos”, dijo.

Por su parte, Romo califica el plan como “un arma de doble filo”.

“Entiendo que el Gobierno quiere y necesita tomar medidas por la gran cantidad de solicitudes represadas pero esto puede afectar a las personas que tienen casos válidos”, indicó.