El caso de Nyynkpao Banyee, originario de Costa de Marfil, podría aplicar a cualquier inmigrante con Green Card que enfrente detención y un posible proceso de deportación: ser detenido en forma indefinida por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esto luego de que la Corte de Apelaciones para el Octavo Circuito echara atrás esta semana la decisión de un juez de Distrito para liberar a Banyee, mientras esperaba una decisión sobre su caso migratorio.
“Nyynkpao Banyee fue liberado después de que el tribunal de Distrito determinara que pasar un año detenido esperando ‘una decisión sobre si’ debía ‘ser expulsado de los Estados Unidos’ era demasiado tiempo”, indica la decisión de tres jueces. “Sin embargo, el debido proceso no impone un límite de tiempo para la detención en espera de la deportación, por lo que revertimos la sentencia”.
Banyee huyó de Costa de Marfil cuando era un niño refugiado y nunca ha salido de los Estados Unidos desde que llegó con su familia en 2004, indican documentos judiciales.
Sin embargo, cuando tenía 18 y 19 años cometió dos robos menores, por lo que en marzo del 2021 fue puesto en proceso de deportación, a pesar de que tiene una Green Card.
ICE lo detuvo, pero lo mantuvo 12 meses en prisión sin posibilidad de audiencia para solicitar fianza y enfrentar el proceso en libertad, aunque en 2022 un juez de distrito determinó que debía ser liberado bajo fianza, indican los documentos judiciales.
Esa decisión fue apelada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que finalmente ganó ante el Octavo Circuito.
“Hasta hoy, ningún tribunal de apelaciones ha estado de acuerdo con la posición extrema del gobierno de que un residente permanente legal como el Sr. Banyee puede ser detenido categóricamente durante un período prolongado de tiempo sin obtener nunca una audiencia de fianza”, expuso My Khanh Ngo, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). “La decisión del tribunal ahora amenaza con separar al Sr. Banyee de su familia, su comunidad y la vida que ha construido durante los últimos dos años y medio”.
El experto destacó que tanto el juez de inmigración, como la Junta de Apelaciones de Inmigración coinciden en que merece un alivio de la deportación, pero los jueces de apelaciones opinan lo contrario, según el documento judicial, donde enlistan sus delitos.
“Banyee creció en los Estados Unidos como residente permanente legal y comenzó a cometer delitos después de convertirse en adulto. Entre ellos se encontraban el robo, mentir a la policía y la posesión de marihuana y parafernalia de drogas”, dice la corte de apelaciones. “La gota que derramó el vaso fue el robo con un arma peligrosa, lo que llevó a las autoridades federales a iniciar los procedimientos de deportación”.
Las consecuencias para otros inmigrantes
Parte de la justificación es que señalar que los inmigrantes son “deportables” si cometen un delito grave, un delito de drogas o múltiples delitos que impliquen “depravación moral”.
“El caso del Sr. Banyee resalta los mismos problemas con la detención obligatoria prolongada que los defensores han planteado constantemente, especialmente con el control excesivo de los inmigrantes negros y latinos en el proceso de la cárcel a la deportación”, indica ACLU. “La decisión es una pérdida para los derechos de los inmigrantes y sienta un precedente peligroso”.
Es decir, para ACLU la decisión del tribunal es una especie de venia para que ICE pueda mantener a los inmigrantes detenidos durante años, sin ninguna oportunidad de una audiencia de fianza, mientras esperan la finalización de sus procedimientos de deportación.
“El derecho a la libertad personal libre de encarcelamiento gubernamental injustificado es quizás la protección más fundamental garantizada por la Constitución de los Estados Unidos, y esa garantía se extiende a todos nosotros independientemente del estatus migratorio”, dijo Benjamin Casper, abogado del personal de la ACLU de Minnesota. “Esta decisión viola ese principio básico”.
Para Zack Albun, director legal del programa de refugiados e inmigrantes de Advocates for Human Rights, la decisión de los jueces “erosiona importantes derechos humanos internacionales y protecciones constitucionales contra la detención arbitraria prolongada”.
Banyee todavía tiene un proceso adicional, pero es incierto si obtendrá una decisión a favor.
