Cuatro miembros de una red de contrabandistas de indocumentados que operaba en la frontera de Texas y México se declararon culpables de transportar ilegalmente a extranjeros y causar la muerte de ocho migrantes, según el Departamento de Justicia.
De acuerdo al fiscal federal Alamdar S. Hamdani, se trata de Juan Manuel Tena, 40 años, Pharr, Julia Isairis Torres, 37, Israel Torres Jr., 34, y José Refugio Torres, 27, quienes conspiraron para transportar extranjeros ilegales desde el Valle del Río Grande a destinos dentro de los Estados Unidos. Como resultado de ese tráfico ilegal, ocho migrantes murieron y otros dos resultaron gravemente heridos.
Los cuatro estuvieron involucrados en el intento de contrabando en marzo de 2019 en vehículos desde el Valle del Río Grande a Houston. Durante este intento fallido, un auto volcó y provocó la muerte de cuatro personas y otro resultó gravemente herido.
En tanto, Tena y otros también intentaron contrabandear a extranjeros en febrero de 2022 en embarcaciones desde South Padre Island hasta el área de Corpus Christi. La embarcación volcó, lo que provocó la muerte de otros cuatro extranjeros y heridas graves a otro.
Entre las víctimas se encontraban inmigrantes de Honduras, México, Guatemala, El Salvador y Ecuador, así como un joven de 17 años de Ecuador y una mujer embarazada de Honduras.
“Desde las costas de Corpus Christi hasta las carreteras del Valle del Río Grande, Tena y sus asociados dejaron un camino oscuro sembrado de inmigrantes muertos. Ocho personas, incluida una madre embarazada, perdieron la vida debido a sus acciones”, dijo el fiscal.
En su declaración de culpabilidad, Tena admitió haber coordinado y reclutado cómplices para transportar indocumentados utilizando embarcaciones y vehículos tanto en marzo de 2019 como en febrero de 2022.
También acordó entregar varias propiedades en Roma y Pharr (Texas), que admitió haber comprado con las ganancias que recibió por transportar los migrantes.
Los cuatro serán sentenciados en una audiencia el próximo 20 de diciembre, cada uno enfrenta una condena de cadena perpetua y una multa máxima de 250,000 dólares.
