Un juez abrió el miércoles un proceso penal contra el ex procurador general mexicano Jesús Murillo Karam por el caso de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país ocho años atrás.
Tras una audiencia que se prolongó por más de seis horas, el juez decidió vincular a proceso a Murillo Karam por los delitos contra la administración de justicia, tortura, y desaparición forzada.
La decisión se dio horas después de que Murillo Karam admitió ante el juez que hubo “errores”, problemas y cosas que se hicieron mal en el proceso, al tiempo en que defendió la llamada “verdad histórica” asegurando que nadie ha podido presentar otra versión.
“Desde hace seis o siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen”, afirmó el exprocurador, vestido de chamarra y pantalón beige, tras criticar las actuaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense. Recordó que fue ese grupo el que escogió el lugar y los restos óseos a analizar.
La segunda audiencia del exprocurador se inició a las 9.20 de la mañana en una sala de la cárcel donde está recluido desde la semana pasada. En la audiencia estuvieron presentes además de su defensa, los fiscales, familiares de los estudiantes y representantes de los medios de comunicación.
La defensa de Murillo Karam se concentró en debilitar las pruebas de la Fiscalía alegando que no tiene “indicios razonables” para abrir el proceso. En su intervención la defensa solicitó al juez que se excluyan del proceso las conferencias de prensa que ofreció Murillo Karam en las que habló sobre la desaparición de los 43 estudiantes, con el argumento de que van contra el derecho a la no autoincriminación del acusado y porque el Ministerio Público “descontextualizó” las declaraciones.
En relación con la controvertida “verdad histórica” que creó Murillo Karam, su defensa afirmó que fue un “concepto jurídico” y no una “confabulación” del exfuncionario.
Al refutar los tres cargos por los que fue detenido el exprocurador, la defensa alegó que el delito de tortura había prescrito y que el cargo por desaparición forzada estaba basado en la ley que entró en vigor después de los hechos. Asimismo, aseguró que no había indicios suficientes sobre manipulación de las pruebas.
