Un juez federal en Luisiana (EEUU) determinó que el Gobierno de Donald Trump puede seguir adelante con la deportación de Mahmoud Khalil, el estudiante palestino que lideró las protestas en la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza.
La jueza Jamee Comans indicó durante una audiencia en el centro donde está detenido el estudiante, que no tiene autoridad para cuestionar la decisión del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, para expulsar a Khalil del país.
Comans tenía que decidir hoy si Khalil, que lleva detenido más de un mes, debía ser liberado o deportado, como pidió el Rubio, quien basa su petición en la presunta “conducta antisemita” del estudiante, pues según él permitir al estudiante continuar en el país “socavaría gravemente un importante objetivo de política exterior” de EE.UU.
La jueza de Luisinana ha dado a los defensores de Khalil un plazo hasta el 23 de abril para recurrir el fallo; si no cumplen el plazo, advirtió de que ordenaría su deportación a Siria (donde residía antes de venir a Estados Unidos) o a Argelia, país del que también tiene la nacionalidad
Tras escuchar a la jueza, Khalil recordó a Comans lo que indicó en la audiencia anterior de su caso: “que no hay nada más importante para este tribunal que los derechos al debido proceso”, de acuerdo con la National Public Radio.
“Lo que presenciamos hoy no es ninguno de estos principios que estaban presentes hoy ni en todo este proceso.
Khalil, cuya esposa estadounidense está a punto de dar a luz el primer hijo de la pareja, indicó además a la jueza que espera que la urgencia con la que ella consideró su caso, “se transmita a los cientos de personas que llevan meses aquí sin una audiencia”.
La jueza pidió el pasado miércoles a los abogados del Gobierno que presentaran evidencia que apoyaran la decisión de expulsar del país a Khalil, de 30 años y arrestado el 8 de marzo en Nueva York tras haberle revocado su residencia permanente.
En el caso de Khalil el Gobierno de Donald Trump ha utilizado las armas migratorias (negarle los derechos inherentes a una tarjeta de residencia) para justificar razones políticas, pues lo que le reprochan es su activismo pro palestino.
Distintas organizaciones han denunciado lo que ello supone de asfixia de las libertades públicas, el derecho al disenso y la libertad de expresión.
