Un juez federal impidió que la administración de Donald Trump invalidara permisos de trabajo y otros documentos que otorgan Estatus de Protección Temporal (TPS) legal a unos 5,000 venezolanos, un subconjunto de los casi 350,000 con TPS que la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que se terminara la semana pasada.
El juez federal de distrito de California, Edward E. Chen, designado por Obama, dijo el viernes que la Casa Blanca tendría que confirmar la extensión del TPS otorgada por el exsecretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en enero.
El juez Chen concluyó en un fallo emitido ayer por la noche que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en su autoridad al invalidar dichos documentos en febrero, a la vez que cancelaba el estatus de protección temporal otorgado a los venezolanos.
Hace once días, la Corte Suprema autorizó a Trump a retirar el estatus de protección temporal (TPS) a unos 350,000 migrantes venezolanos.
El TPS está disponible para personas cuyo país de origen haya sufrido un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario.
Sin embargo, el alto tribunal declaró específicamente que no impedía que ningún venezolano siguiera impugnando la decisión de Noem de invalidar los documentos que les fueron emitidos conforme a dicho programa, el cual les permitía trabajar y vivir en Estados Unidos.
Dichos documentos se emitieron después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., en los últimos días del mandato del presidente demócrata Joe Biden, extendiera el programa TPS hasta octubre de 2026, una medida que Noem posteriormente intentó revertir.
Abogados de varios venezolanos, así como la organización National TPS Alliance, pidieron al juez Chen que reconociera la validez continua de esos documentos, argumentando que sin ellos, muchos migrantes podrían perder sus empleos o ser deportados.
En el fallo del viernes, Chen señaló que el gobierno estimaba que solo unos 5,000 de los 350,000 venezolanos poseían dichos documentos.
Trump retornó a la Casa Blanca con la promesa de endurecer enormemente la política migratoria del país, lo que, según él, incluye la deportación de millones de inmigrantes.