Una jueza federal de Colorado ordenó a la administración del presidente Donald Trump que notifique a los migrantes venezolanos arrestados en el estado con 21 días de antelación antes de cualquier deportaciónbajo una ley históricamente usada en tiempos de guerra, y que les informe de su derecho a impugnar su expulsión.
En un fallo escrito que mantiene un bloqueo temporal dentro de Colorado a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la jueza de distrito Charlotte Sweeney indicó que el gobierno republicano debe avisar a los migrantes en su idioma que entiendan que tienen derecho a consultar a un abogado.
En una audiencia, Sweeney manifestó su escepticismo de que el aviso de 24 horas que Trump se había comprometido a proporcionar satisfaría la orden del 7 de abril de la Corte Suprema que requiere que a los migrantes se les ofrezca la oportunidad de impugnar sus deportaciones en los tribunales.
Las deportaciones son parte de la línea dura de mandatario republicano hacia la inmigración desde que tomó posesión en enero. Trump fue elegido para su segundo mandato tras una campaña en la que prometió intensificar las deportaciones.
El ejecutivo estadounidense indicó en una publicación en redes sociales que el gobierno “no puede darles una prueba a todos”, antes de deportarlos.
“Necesitaríamos cientos de miles de juicios para los cientos de miles de inmigrantes ilegales que estamos expulsando del país”, escribió Trump. “Es imposible”.
El pasado 15 de marzo, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros en un intento de deportar inmediatamente a supuestos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que su administración ha designado como una organización terrorista extranjera, fuera de los procedimientos legales de inmigración, informó NBC News.
Los parientes de los cientos de venezolanos deportados y sus abogados han negado que pertenezcan al Tren de Aragua y han dicho que nunca se le brindó la oportunidad de refutar las acusaciones del gobierno sobre afiliación a pandillas.
El Supremo ordenó con anterioridad a la administración que notificara a los migrantes que planeaba deportar bajo la ley de Enemigos Extranjeros y les diera la oportunidad de impugnar su expulsión ante los tribunales. La corte no especificó con cuánta antelación se debía avisar a los migrantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes detenidos en Colorado, solicitaron a Sweeney que exigiera al gobierno un aviso con 30 días de antelación. Este plazo se ajustaba al procedimiento que el gobierno de Estados Unidos empleó la última vez que se invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, en la Segunda Guerra Mundial, para interna y deportar a personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana.
La ley autoriza al presidente a deportar, detener o imponer restricciones a individuos cuya principal lealtad sea hacia una potencia extranjera y que puedan representar un peligro para la seguridad nacional en tiempos de guerra.
El sábado, la Corte Suprema intervino de nuevo, bloqueando lo que los defensores expresaron que era la deportación inminente de docenas de venezolanos arrestados en Texas sin el debido proceso.
