Una jueza federal se negó a desechar la causa contra Donald Trump por tenencia de documentos clasificados, desestimando el argumento de que una ley antigua permitía al expresidente mantener esos papeles después de abandonar el cargo.
Los abogados de Trump, al pedir la anulación del caso, habían citado una ley de 1978 conocida como el Acta de Registros Presidenciales, y habían aseverado que la ley le permitía a Trump designar esos documentos como personales y llevárselos después de que dejó la Casa Blanca.
Los fiscales en el equipo del investigador especial Jack Smith rechazaron fuertemente ese argumento, diciendo que la ley no tenía relevancia alguna en un caso concerniente a documentos clasificados y que no había fundamento legal para que Trump se quedase con información secreta.
La jueza Aileen Cannon, quien escuchó argumentos del caso el mes pasado, rechazó el argumento del equipo de Trump. Escribió que la imputación contra Trump de 40 cargos “no hace referencia alguna al Acta de Registros Presidenciales, ni se basa en ese estatuto para el propósito de describir una ofensa”.
Cannon también defendió su orden del mes pasado que pedía a los abogados de ambas partes preparar instrucciones para el jurado y responder a dos escenarios diferentes en que ella parecía considerar los argumentos de Trump sobre registros presidenciales. La orden había provocado un agudo reproche del equipo de Smith, que en un documento esta semana calificó de “fundamentalmente erradas” las premisas postuladas por la magistrada.
