Una jueza estadounidense ordenó mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 350.000 haitianos para evitar su deportación, como pretende la Administración de Donald Trump, pero políticos y activistas advierten de que el alivio es temporal y persiste el riesgo de una crisis en Haití y Estados Unidos.

La jueza Ana Reyes bloqueó de forma temporal el fin del TPS, que expiraba este martes, al señalar que la titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, “no tiene los hechos de su lado o, al menos, los ha ignorado”, pues la secretaria insiste en que la situación en Haití ha cambiado y los haitianos deben volver.

Pero Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, avisó que llevarán el caso a la Corte Suprema al acusar a la jueza de “activismo ilegal” y que el TPS debía ser “temporal”.

“El TPS de Haití se concedió después de un terremoto que ocurrió hace más de 15 años (en 2010), nunca pretendía ser un programa de amnistía de facto, y aún así, las administraciones previas lo usaron así por décadas”, escribió McLauhlin en sus redes sociales.

Crisis en Haití y en EE.UU.

Los haitianos deportados retornarían a un país en crisis, con casi 6.000 asesinatos en 2025, sin un mandatario electo y la violencia de las pandillas en aumento desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, según expuso un informe de la ONU la semana pasada.

El propio Trump ha implementado una prohibición de viaje por la violencia en Haití.

“Este es un paso importante (el fallo de la jueza), pero no uno permanente. Enviar personas de regreso a la violencia y a la crisis es cruel, y yo seguiré luchando por protecciones duraderas para que las familias estén seguras”, anunció el congresista Maxwell Frost, representante federal de Florida con raíces haitianas.