La presentadora peruana Laura Bozzo, quien fue demandada por Gabriel Soto e Irina Baeva por unos comentarios que hizo en el 2019 en ‘El Gordo y La Flaca’, finalmente rompió el silencio para hablar de su problema legal, luego de que el martes saliera huyendo de los medios de comunicación que se dieron cita en los Premios Ícono:
“Dejen de preguntar mama…, por favor”, alcanzó a responder “La Abogada de los Pobres” antes de emprender la huida.
A pesar de que hace unas horas se negó a atender a los medios de comunicación, este miércoles Laura Bozzo rompió el silencio en una entrevista que concedió al periodista Javier Ceriani, luego de que el abogado de los actores asegurara que podría ser embargada si no paga $2 millones de pesos a Irina y Gabriel Soto por daño moral.
En su conversación Laura Bozzo consideró como absurdo que se le esté castigando en México por unos comentarios que hizo en la televisión de Estados Unidos.
“El origen de todo el lío con Gabriel e Irina fue en ‘El Gordo y La Flaca’ en ‘Laura Opina’ en Estados Unidos, eso no pasó en México. Eso pasó en Estados Unidos en una opinión que yo di en Univision y en ‘El Gordo y La Flaca’. Empecemos por ahí”, inició diciendo Laura en la conversación que tuvo con Ceriani.
En otro fragmento de la llamada telefónica que tuvo con el periodista sudamericano, Laura Bozzo compartió los motivos por los que la demanda en su contra no debería proceder.
“Cuando hay algún tipo de difamación, daños y todo lo demás es la cadena la primera que tiene que ser denunciada y, segundo, sucedió en Estados Unidos, no acá. Tercero, viola los derechos de todos ustedes porque, si ya uno no puede opinar y te van a demandar, por lo que uno cree, estamos todos jod…”, dijo molesta la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.
A continuación, Laura Bozzo detalló que es mentira que no quiera pagar, sino que simplemente solicitó que se haga una revisión del caso, lo que, de acuerdo a su palabra, dejó en suspenso la sentencia que existe en su contra por los comentarios que realizó hace 6 años, la cual no se reactivaría hasta que se revise en la Corte.
