La Cámara de Representantes de Texas aprobó el martes unos proyectos de ley contra los inmigrantes indocumentados que están entre más extremos del país, al asignar más de $1,500 millones de dólares para barreras fronterizas adicionales y convertir el cruce ilegal de la frontera entre Texas y México en un delito estatal, según Texas Tribune.
El Proyecto de Ley Senatorial 3 (SB 3) asignaría $1,540 millones de dólares para barreras fronterizas y para pagar a los policías estatales que patrullan Colony Ridge, un desarrollo de viviendas cerca de Houston que, según publicaciones de extrema derecha, es un imán para inmigrantes indocumentados.
La SB 4 convertiría en delito menor cruzar ilegalmente la frontera de México a Texas, facultaría a los agentes del orden público de Texas para arrestar a inmigrantes indocumentados y exigiría que un juez estatal ordene a la persona que abandone Estados Unidos y regrese a México en lugar de ser procesado.
Según la SB 4, el cargo podría convertirse en un delito grave si el migrante es acusado de otros delitos o se niega a cumplir con la orden de un juez de regresar a México.
La SB 3, que fue aprobada con una votación de 84-59, regresa al Senado, que aprobó previamente el proyecto de ley, para que pueda votar sobre la versión enmendada.
La SB 4 fue aprobada con una votación de 83-61. El Senado ya aprobó el proyecto de ley la semana pasada, por lo que ahora se dirige al escritorio del gobernador de Texas, Greg Abbott.
En un esfuerzo por amortiguar el golpe de esta legislación extrema, los legisladores demócratas propusieron docenas de enmiendas al proyecto de ley, pero no fueron aprobadas.
Quienes se oponen al proyecto de ley SB 4, que surgió como parte de una cuarta ronda de una sesión legislativa especial centrada en la inmigración ordenada por el gobernador, la han criticado y han calificado a sus promotores como racistas.
“No existe un análogo federal estadounidense a un oficial solitario que, a su propia discreción, escolta a alguien hasta la frontera y le dice que salga”, dijo a ABC News David Donatti, abogado senior de la ACLU de Texas.
“Ésa es una perspectiva muy aterradora que es categóricamente diferente de lo que hace el gobierno federal. Además de eso, en el sistema federal las personas podrían presentar sus reclamos ante un oficial de inmigración y un juez de inmigración”, comentó Donatti.
Demócratas de Texas opinan que puede ser un desafío a un fallo de la Corte Suprema
En un caso histórico de 2012, Arizona contra Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la policía local no tenía la autoridad para arrestar a alguien basándose únicamente en su estatus migratorio y que la responsabilidad recae en el gobierno federal.
Ese caso surgió de una ley de Arizona de 2010 conocida como SB 1070, que convertía en delito estatal que los inmigrantes legales no portaran sus documentos de inmigración y exigía que los agentes de policía investigaran el estatus migratorio de cualquier persona con la que entraran en contacto.
Los demócratas dijeron durante el debate del martes que, independientemente de cómo los republicanos intenten hacer constitucional la SB 4, la Corte Suprema ha dictaminado que los estados no pueden hacer cumplir las leyes de inmigración por sí solos.
“Todos sabemos por qué estamos aquí”, dijo el legislador demócrata de Dallas Neave Criado a Texas Tribune. “La SB 4 tiene la intención de desafiar la decisión de Arizona versus Estados Unidos de hace una década, dada la nueva composición de la Corte Suprema de Estados Unidos, que hemos visto ya ha anulado [el] precedente de 50 años de Roe vs Wade”.
El rechazo a las leyes antiinmigrantes de Texas llegó hasta el Congreso, donde el representante demócrata Joaquín Castro dijo en una rueda de prensa que las leyes ponen en la mira de la policía a cualquier persona que hable español u otro idioma.
El congresista también advirtió que las leyes “dañarán” las relaciones con México, el socio económico más importante de Estados Unidos.
