Las relaciones entre la Unión Europea e Israel se hundían la víspera de que Irlanda y España, dos estados miembros, formalizaran su reconocimiento diplomático a un estado palestino, cuando España sugirió que podrían considerarse sanciones a Israel por sus ataques continuados a la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, dijo a España que no permitiría a su consulado en Jerusalén atender a los palestinos.
Al mismo tiempo, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, que es español, prestó todo su apoyo a la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal ha pedido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otras personas, incluidos los líderes de Hamás.
“El fiscal de la corte ha sido duramente intimidado y acusado de antisemitismo”, dijo Borrell. “La palabra antisemita es demasiado contundente. Es demasiado importante”.
El lunes hubo un cruce de declaraciones airadas en el que Katz acusó a España de “recompensar el terrorismo” al reconocer un estado palestino, y dijo que “los días de la inquisición han terminado”. Se refería a la infame institución española iniciada en el siglo XV para mantener la ortodoxia católica romana, y que obligaba a judíos y musulmanes a huir, convertirse al catolicismo, o en algunos casos, enfrentar una condena de muerte.
