Cuatro magistrados electorales de Guatemala perseguidos por la cuestionada Fiscalía, en una causa paralela a las emprendidas contra el presidente Bernardo Arévalo, se presentaron este jueves ante un tribunal tras permanecer exiliados desde finales del año pasado y dos meses después de ordenarse su arresto.
Dirigida por la fiscal general, Consuelo Porras, considerada “corrupta” por Estados Unidos y la Unión Europea, la fiscalía abrió en 2023 un proceso por supuesta corrupción contra los magistrados, además de iniciar otras causas contra Arévalo y su partido, que pusieron en duda la transición presidencial.
“Los magistrados están a disposición del juzgado, ya le dije […] señor juez, aquí están las personas, el día que los quieran, cítenlos y ellos vienen”, dijo el abogado defensor de los magistrados, César Calderón.
Se trata de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, y sus colegas Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.
La fiscalía los acusó de abuso de autoridad y fraude por la compra supuestamente a sobreprecio de un sistema informático de transmisión de datos usado en las elecciones ganadas por Arévalo en 2023.
A raíz de ello, el Congreso, dominado entonces por los aliados del anterior presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, les despojó de su inmunidad el 30 de noviembre pasado.
Al día siguiente, los magistrados salieron del país y permanecían en el exilio desde entonces. El 11 de enero un juez ordenó su detención.
Los cuatro magistrados comparecieron ante la jueza Wendy Coloma, quien tiene la facultad de confirmar o revocar las órdenes de arresto, o decretar otras medidas cautelares.
Dos semanas después de que el Congreso quitó la inmunidad a los magistrados, Estados Unidos sancionó a 300 guatemaltecos por “socavar” la democracia, entre ellos un centenar de diputados.
Arévalo asumió la presidencia el 14 de enero tras un tortuoso camino desde que dio la sorpresa en la primera vuelta electoral, en junio de 2023. Ganó en balotaje por amplio margen con su promesa de combatir la corrupción, uno de los males del país.
La Fiscalía acusó al mandatario de anomalías en la formación y creación de su partido Semilla en 2017, que fue inhabilitado por la justicia. Además, se le acusó de instigar la ocupación por un año, entre 2022 y 2023, de la única universidad estatal del país.
Esas acciones fueron calificadas como un intento de “golpe de Estado” para evitar la transición presidencial.
