Millones de indocumentados en EE.UU. se enfrentan desde mañana viernes al dilema de tener que escoger entre inscribirse en un registro nacional y proporcionar sus huellas dactilares, lo que los pondría en la mira de las autoridades para su deportación, o enfrentar castigos que potencialmente los llevarían a la cárcel.
El “Requisito de Registro de Extranjeros” anunciado en marzo pasado por el Gobierno del presidente Donald Trump busca presionar a los inmigrantes a marcharse por su propia cuenta, dado que la inscripción en este plan proporcionaría datos al Gobierno para su expulsión, pero incumplirlo podría suponer mayores castigos a los que enfrenta la ofensa civil por estar indocumentados.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó a EFE que este 11 de abril se hace efectiva la medida, que exige inscribirse en el registro a todos los extranjeros indocumentados mayores de 14 años que han permanecido en el país por más de 30 días.
Los padres o tutores legales de indocumentados menores de 14 años deben registrar a los pequeños, aunque para este grupo no será necesario que se les tomen las huellas dactilares.
USCIS ya ha habilitado en su sitio web los recursos para que los inmigrantes abran una cuenta personal e inicie la inscripción, en la que deben informar sobre su lugar de residencia, cuándo ingresaron al país y si tienen récord criminal, entre otros detalles.
Las autoridades exigen que se lleve el comprobante de inscripción en todo momento.
“Pues la verdad no sé qué hacer. Por el lado que usted vea las opciones nos perjudican a nosotros”, manifestó a EFE Carlos Cifuentes, un indocumentado que llegó al país hace más de 15 años.
Activistas y abogados de inmigración han salido a calmar a los inmigrantes y han hecho un llamado a la comunidad indocumentada a no participar. “No, no hay que inscribirse. Esa orden ejecutiva de Trump es inconstitucional”, indicó a EFE el abogado de inmigración Alex Gálvez, que ha replicado su mensaje por las redes sociales, después de escuchar que varios indocumentados estaban dispuestos a presentar la información.
El jurista opina que el nuevo requerimiento de la Casa Blanca viola la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege a las personas de la autoincriminación.
