Una ciudadana mexicana que residía en Vernon, una comunidad ubicada en el condado de Tolland, Connecticut, se declaró culpable de participar en una red de contrabando de personas extranjeras.
Porfiria Ramos Sánchez, de 47 años, albergaba a las víctimas en residencias del área de Hartford, para después obligarlas a trabajar y amenazarlas con hacerles daño de diversas formas si no pagaban tarifas exorbitantes, intereses y otros gastos de manutención.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía federal del distrito de Connecticut, a partir de septiembre de 2022, el FBI y la policía de Hartford entrevistaron a varios ciudadanos mexicanos que revelaron que fueron contrabandeados desde México a EE.UU.
La investigación reveló que las víctimas solían ponerse de acuerdo con Ramos, sus cómplices en Connecticut y sus asociados en México para cruzar la frontera hacia Estados Unidos a cambio de una tarifa de entre 15,000 y 20,000 dólares que cada uno tendría que pagar una vez que estuvieran en territorio estadounidense.
En la mayoría de los casos, se exigía a las víctimas que entregaran un título de propiedad como garantía antes de salir de México. Luego eran contrabandeados a través de la frontera y transportados a residencias en la zona de Hartford, a menudo con un riesgo considerable de sufrir lesiones corporales o la muerte.
Al menos 18 víctimas explotadas
Después de que las víctimas llegaron a Connecticut, se les dijo que tendrían que pagar 30,000 dólares, con intereses, y que tendrían que pagar a Ramos y a sus cómplices el alquiler, la comida, la gasolina y los servicios públicos, señala el comunicado.
Los cómplices crearon documentos falsos para las víctimas, incluidas tarjetas de residencia permanente y tarjetas de la Seguridad Social, y les ayudaron a encontrar empleo en la zona de Hartford. Además de sus propios trabajos, a algunas víctimas se les exigía que realizaran tareas domésticas y de jardinería sin compensación y sin que se les redujera la deuda.
Las víctimas rara vez recibían una explicación de sus deudas, y si no hacían los pagos regulares eran amenazadas, incluso con hacerles daño a miembros de la familia en México, de tomar las propiedades que habían sido aseguradas como garantía, o de revelar su estatus migratorio a las autoridades estadounidenses.
La acusada ha estado detenida desde su arresto el 5 de octubre de 2023 y, hasta la fecha, los investigadores han identificado a 18 víctimas de este esquema.
Ramos se declaró culpable de conspiración para alentar e inducir, traer, transportar y albergar a extranjeros, un delito que conlleva una pena máxima de prisión de 10 años, y se programó su sentencia para el 6 de enero de 2025.
Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Ramos aceptó una orden de restitución de 494,608 dólares. En satisfacción parcial de su obligación de restitución, la mujer y su esposo acordaron vender una propiedad que poseen en 74 Burnside Avenue, en East Hartford, que se utilizó para facilitar este delito penal.
