Una jueza federal revocó la prisión preventiva a ocho militares acusados de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, conocido como caso Ayotzinapa, y les permitió que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.
Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó el sábado a The Associated Press que la audiencia en que se tomó la decisión tuvo lugar la víspera y los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe a un caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.
“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena (Secretaria de la Defensa Nacional)”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.
Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.
