Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México ocurrida en el 2014 presentaron el martes una denuncia penal en la Fiscalía General alegando el uso de pruebas falsas, lo que podría afectar el proceso y alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.
La crisis que enfrenta la investigación sobre la desaparición de los estudiantes tuvo el martes una escalada ante la acción judicial que ejercieron los cuatro militares detenidos por el caso: el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
La presentación de la denuncia judicial en la Fiscalía General de la República fue anunciada en conferencia de prensa por los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, quienes indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad, que dirige Encinas, y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.
Independiente de las investigaciones que adelanta la comisión gubernamental, la Fiscalía General de la República avanza desde hace varios años un proceso que llevó a las detenciones de algunos exfuncionarios y los militares.
A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.
Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes.
Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González fustigó a Encinas señalándolo de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.
