Providence – Una mujer de North Providence condenada por defraudar a múltiples programas financiados con fondos públicos fue sentenciada a dieciocho meses en una prisión federal por hacer declaraciones falsas al solicitar una hipoteca respaldada por la Administración Federal de Vivienda (FHA), un préstamo de la Asociación de Pequeñas Empresas (SBA) y por solicitar de manera fraudulenta los beneficios de desempleo por COVID financiados por el gobierno, anunció el Fiscal General de los Estados Unidos de Rhode Island Zachary A. Cunha.
En marzo de 2022, Juliana Martins, de 53 años, admitió ante un juez federal que, mientras estaba simultáneamente en libertad supervisada federal por su papel en un esquema de reembolso y identidad robada, así como libertad condicional estatal por una condena no relacionada de 2014 por falsificación y falsificación, Martins solicitó para un préstamo garantizado por la FHA.
Como parte del proceso de solicitud, proporcionó explicaciones falsas sobre las lagunas en su historial laboral, alegando que estaba desempleada debido a una “emergencia familiar”, cuando en realidad había estado encarcelada y cumpliendo una sentencia federal anterior. alegando que ella era Martins tampoco reveló el hecho de que estaba sujeta a una orden federal de restitución de $385,533. Después de la solicitud, Martins y un coprestatario recibieron una hipoteca asegurada por la FHA por un monto de $265,109. Además,
Martins admitió que en julio de 2020, presentó una solicitud fraudulenta para un Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL) relacionado con el COVID a bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), afirmando falsamente que era una contratista independiente en el negocio de servicios de salud, y que su negocio se había visto afectado por la pandemia.
Finalmente, Martins admitió que solicitó y recibió de manera fraudulenta los beneficios del seguro de desempleo relacionados con COVID en abril de 2020, cuando en realidad estaba empleada como gerente de oficina. En total, Martins recibió más de $40,000 en beneficios de ayuda por el COVID a los que no tenía derecho.
Martins se declaró culpable el 2 de marzo de 2020 de hacer una declaración falsa en una solicitud de préstamo y robo de propiedad del gobierno.
Martins fue sentenciada por el jefe del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John J. McConnell, Jr., a dieciocho meses de prisión y tres años de libertad supervisada federal, y se le ordenó pagar una restitución por un total de $43,537.
