Nayib Bukele ha dicho de sí mismo que es “el dictador más cool del mundo mundial”, un mensaje irónico dirigido a las críticas que levantó su intención de reelegirse como presidente de El Salvador pese a que la Constitución lo prohíbe. También se redefinió en su cuenta en X, antes Twitter, como el “rey filósofo” unos días antes de las elecciones del domingo en las que aspiraba a revalidar su mandato por otros cinco años.
Consciente del fervor popular que le garantizaba un 80 % en la intención de voto antes de ir a las urnas, Bukele no se empacha al desacreditar los argumentos de organizaciones de derechos humanos contra su política de mano dura, que ha llevado a más de 76.000 personas a las cárceles del país, el 90 % de ellos sin sentencia.
“No lo hemos logrado con una receta extranjera, sino con el régimen de excepción”, decía el domingo antes de conocerse los resultados, pero adelantando sus intenciones de mantener la suspensión de derechos fundamentales con el objetivo de que El Salvador no vuelva a ser “la capital de los asesinatos del mundo”.
Hace ocho años, sus aspiraciones para presidir El Salvador se desvanecían cuando el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con quien tuvo sus primeros acercamientos a la política por la afinidad de su familia, le segó el camino presidencial. No sería su candidato.
Tres años después, en 2019, Bukele llegaba al poder de El Salvador. Sus primeras decisiones las anunció por redes sociales, un vehículo comunicacional que le ha acompañado siempre y que en la última campaña le permitió no hacer ningún acto de promoción presencial.
Tras su primer año como presidente, en 2020, comenzó a promover su política de mano dura como estrategia de seguridad contra las pandillas. Pero el Congreso, controlado entonces por dos partidos opositores, frenaba su proyecto. Hasta que Bukele se plantó allí, rodeado de seguidores y respaldado por militares, dejando una poderosa imagen.
En abril de ese año, en los inicios de la pandemia de COVID-19, la Corte Suprema cuestionó la disposición presidencial de enviar a centros de detención provisional a quienes violaran la cuarentena. Bukele recurrió de nuevo a las redes: “Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo”.
SU POLÍTICA DE MANO DURA CONTRA LAS PANDILLAS
Joven, con buena posición económica, cabello prolijamente engomado y ropa casual, Bukele se convirtió pronto en un fenómeno político por su política de seguridad y de represión a las pandillas. A su llegada al poder, negó categóricamente estar negociando con los líderes de las bandas como habían hecho gobernantes anteriores para apaciguar las calles a cambio de beneficios para los delincuentes.
Y entonces llegó el 26 de marzo de 2022. En un solo día, 62 personas fueron asesinadas en todo el país a manos de las pandillas, una cifra nunca antes vista. Bukele decidió entonces implementar un estado de excepción, que se mantiene hasta ahora, y que suprime derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado, el de ser informado del motivo de la detención o el de no intervención de las comunicaciones.
La fuerza pública fue movilizada a las calles, dejando imágenes de operativos masivos en barrios conflictivos o en poblaciones enteras. Iban puerta por puerta buscando a sospechosos de pertenencia a pandillas que después eran presentados, ya detenidos, en ropa interior.
Dos años después de implementar esa estrategia, más de 76.000 personas permanecen encarceladas, la mayoría de ellas sin que haya una sentencia en su contra, y el mismo gobierno ha tenido que liberar a cerca de 7.000 por falta de pruebas.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado maltrato a los presos y decenas de muertes en las cárceles, algunas con indicios de tortura.
