El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cedió el lunes ante una oleada de protestas multitudinarias y postergó su polémica reforma judicial diciendo que quería “evitar una guerra civil”, haciendo tiempo para buscar un acuerdo con sus adversarios políticos.

El anuncio pareció disminuir algunas de las tensiones que han generado tres tumultuosos meses de disturbios. Pero no abordó los problemas subyacentes que han polarizado a la nación, y el movimiento de protesta antigubernamental prometió redoblar sus esfuerzos.

En su discurso, Netanyahu, que anteriormente había rechazado los llamamientos a retrasar el plan, adoptó un tono más conciliador que en discursos recientes. Reconoció las profundas divisiones del país y dijo que pulsaba el botón de pausa “para evitar una fractura en la nación”.

“Cuando hay una oportunidad de evitar una guerra civil mediante el diálogo, yo, como primer ministro, me tomo una pausa para dialogar”, dijo. Prometió alcanzar un “amplio consenso” durante el periodo de sesiones del Parlamento que comienza el 30 de abril.

El primer ministro hizo las declaraciones luego de que decenas de miles de israelíes protestaron afuera del parlamento, y de que el sindicato más grande del país lanzó una huelga a nivel nacional en una pronunciada escalada del movimiento de protesta contra su plan.

Netanyahu y sus aliados religiosos y ultranacionalistas presentaron la reforma en enero, días después de haber formado su gobierno, que es el más derechista en la historia de Israel.

La propuesta ha sumido a Israel en su peor crisis interna en décadas. Dirigentes empresariales, economistas de alto nivel y ex jefes de seguridad se han manifestado en contra del plan, afirmando que empuja al país hacia una autocracia. Los pilotos de combate y los reservistas militares han amenazado con no presentarse a servicio, y la moneda del país, el séquel, ha perdido valor.

El plan daría a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción, y a sus aliados la última palabra en el nombramiento de los jueces del país. También daría al parlamento, controlado por sus aliados, autoridad para anular las decisiones de la Corte Suprema y limitaría la capacidad del máximo tribunal para revisar las leyes.