Unos 200 migrantes salieron el miércoles de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, hacia el norte de México a pesar de que continúan los operativos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración para detener el avance de cualquier grupo similar.
En los días previos, las fuerzas federales han dejado caminar varias horas a los migrantes y han aprovechado su cansancio o la lluvia para dispersarles, generalmente con equipos antidisturbios y, en algunas ocasiones, con uso excesivo de la fuerza.
El gobierno insiste en que la golpiza ocurrida el sábado ante las cámaras de varios medios de comunicación y por la que fueron suspendidos dos agentes del INM fue algo puntual. “No se han violado los derechos humanos de migrantes”, aseguró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles durante su informe del tercer año de gobierno.
“El caso excepcional de hace unos días, en que dos funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió y fueron dados de baja y puestos a disposición del Órgano Interno de Control correspondiente”, agregó.
No obstante los operativos de contención continuaron. La misma madrugada del miércoles, horas antes de que saliera el nuevo grupo de Tapachula y del discurso del mandatario, un centenar de personas que ya habían caminado cien kilómetros hacia el norte y se encontraban en la localidad de Mapastepec fueron sorprendidos por Guardias Nacionales y agentes migratorios mientras descansaban y se cobijaban de la lluvia. Algunos corrieron a esconderse con niños en sus brazos mientras otros eran detenidos y subidos a camionetas o sometidos e inmovilizados en el suelo por las fuerzas federales.
El INM no ha informado cuántas personas han sido detenidas ni cual ha sido su destino. En un comunicado el martes por la noche se limitó a indicar que estaba revisando el estatus migratorio de quienes fueron objeto de los operativos “de control y verificación”, en los que aseguró que no hubo separación de familias.
La mayoría de los integrantes de estas caravanas, mucho más pequeñas que las multitudinarias que tuvieron lugar en años pasados y que partieron de Centroamérica, son haitianos -aunque también hay cubanos y centroamericanos- que llevan meses en México y que optaron por salir de Tapachula en protesta por la lentitud en la resolución de sus solicitudes de refugio.
Muchos malviven en condiciones insalubres en una ciudad que tiene los albergues saturados y donde no tienen posibilidad de trabajar.
El gobierno mexicano ha insistido en que seguirá con su política de contención de migrantes. El secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, enfatizó el viernes que el objetivo “principal” del operativo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es “detener toda la migración” y “cubrir la frontera norte, la frontera sur con efectivos”.
No obstante, el miércoles el INM informó en un comunicado que busca “sumar esfuerzos” con agencias de la ONU y la Iglesia Católica -que han sido muy críticos con su actuación estos días— “a fin de instalar un campamento humanitario en el estado de Chiapas, donde se brinde atención a la población migrante de origen haitiano”. Según la nota, también se inició un proceso de diálogo “con el propósito de favorecer a dichas personas una vida digna”.
