Las órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración han crecido en los últimos seis meses en un 50 por ciento más de las dictadas en el 2019, cuando se registró un pico bajo la Administración de Donald Trump, reveló un estudio de la Universidad de Syracuse.
El análisis del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la universidad neoyorquina encontró que entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de marzo de 2024, las cortes de inmigración ordenaron la deportación de 136,623 inmigrantes, lo que representa un 50 por ciento más que en el pico de 2019.
Lo anterior peses a que cerca de un millón de nuevos casos han llegado a las cortes de migración en los primeros cinco meses del año fiscal 2024, lo que ha aumentado el atasco a cerca de 3.5 millones de expedientes que esperan una decisión, según un análisis difundido por la misma Universidad de Syracuse.
El mayor número de inmigrantes a los que se les ordenó abandonar el país (10,897) residen en la ciudad de Nueva York. Solo el 13% de los extranjeros tenía representación legal.
Otros 8,336 inmigrantes que perdieron sus casos en las cortes de inmigración viven en el condado de Harris (Texas), donde se encuentra la ciudad de Houston.
En el caso de Chicago, que ocupa uno de los primeros lugares en la recepción de nuevos solicitantes de asilo, las órdenes de deportación emitidas en los últimos seis meses tan solo llegaron a 1,527.
Los casos completados en una corte de inmigración durante los últimos seis meses habían estado en proceso por más de dos años y medio de principio a fin, con un promedio de 942 días.
Los procesos que terminaron con órdenes de expulsión fueron más rápidos (627 días en promedio). En contraste, aquellos casos en los que un juez concedió el asilo u otra forma de alivio fueron más lentos con un promedio de 3.7 años (o 1,361 días).
Una orden de deportación es de las notificaciones más temidas por la comunidad migrante. Se trata de una de las señales más preocupantes para todo extranjero, ya que podría ser el boleto de salida de los Estados Unidos.
La mayoría de las expulsiones se llevan a cabo por vía aérea, con cargo al Gobierno de Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es quien considera si un inmigrante está -o no está- autorizado para permanecer en el país. Generalmente una persona puede ser expulsada de Estados Unidos por tener cargos en su contra tras haber violado las leyes del país.